El ministerio de Hacienda salvadoreño espera que el país logre aprovechar la ventaja de una relativa estabilidad económica y política (comparado con el resto de Centroamérica), para que la Asamblea Legislativa apruebe cuanto antes la emisión de más de $2,400 millones en títulos valores que servirán para refinanciar las deudas de largo plazo que vencen entre 2019 y 2024.
Según el titular de la cartera de Estado, Nelson Fuentes, para poder mejorar las condiciones e ir a la Bolsa de Nueva York a buscar inversionistas que quieran financiar la deuda externa salvadoreña, Hacienda debe tener aprobada la emisión con tres meses de anticipación; es decir, tres meses antes de octubre puesto que en el último trimestre del año “es cuando debemos actuar”.
“Los tiempos son cortos, el mercado avanza y los activos se están yendo de los países emergentes y El Salvador no es diferente (…) No es que quiera que Centroamérica esté mal pero Costa Rica con un nuevo gobierno por ahí va... Nicaragua ya sabemos; Guatemala y Honduras... ¿Porque no aprovechamos la ventaja?”, dijo Fuentes este miércoles durante su participación en el foro sobre “Viabilidad Política y Técnica del Acuerdo Fiscal de Mediano Plazo para El Salvador”, organizado por la firma Luis Membreño Consulting.
El programa de financiamiento 2019-2014 junto a la emisión de $800 millones para refinanciar la deuda de corto plazo adquirida a través de Letras del Tesoro (Letes), y la aprobación de otros $350 millones para un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el déficit fiscal de 2018, son los tres proyectos que Hacienda ha llevado al congreso recientemente y que ayer volvió a insistir en que se aprueben.
Deuda pública representa el 74 % de la producción nacional
Pero, ¿por qué es tan necesario aprobar más deuda? ¿Para qué servirá ese dinero? Los $2,457 millones servirán para refinanciar los títulos de deuda de bonos externos e internos que vencen en los próximos cinco años. Según Hacienda, esta emisión eliminaría cualquier riesgo de que el siguiente gobierno no tenga dinero para pagar estas obligaciones y además, mejorará el perfil del portafolio de la deuda.
Los $800 millones tienen como objetivo “limpiar la mesa” y darle una especie de tarjeta de crédito nueva al Ejecutivo; pues, en términos simples, haría que el gobierno ya no deba pagar hasta $800 millones del saldo de Letes que son obligaciones con plazo de hasta 360 días.
Y los $350 millones del BID , en tanto, servirían para cubrir el déficit fiscal de 2018, y pagar en un plazo de 20 años con una tasa de 3.25 % de interés, en lugar de emitir eurobonos que serían más caros y con condiciones menos ventajosas para el país.
En el foro también participó Jefferson Finch, vicepresidente del banco de inversión internacional Jefferies LLC en Nueva York, explicó que las preguntas fundamentales que un inversionista se hace antes de comprar un título valor de un país es si este emisor tendrá recursos para pagar y, sobre todo, si hay certeza de que está dispuesto a pagar.
“De alguna forma u otra, los impagos ocurren porque la respuesta a alguna de esas preguntas es no”, insistió el experto.
Nuestra economía es más pequeña de lo que pensábamos
Según Finch, aunque no es una ciencia exacta ni una lista definitiva, para determinar el nivel de riesgo los inversionistas evalúan el nivel de crecimiento económico de un país y cuál ha sido la trayectoria de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Según el Fondo Monetario Internacional, El Salvador creció 2.3 % en 2017 y la deuda representa más del 70 % del PIB.
Además, los inversionistas evalúan si el país tiene un déficit fiscal alto y cuáles son las condiciones de la balanza de pago, en particular la cuenta corriente y el tipo de inversiones extranjeras “como medida de los flujos de liquidez”.
Además, dijo Finch, es importante la deuda de corto plazo, puesto que si está alta “puede elevar el premio de riesgo. Especialmente si el mercado no tiene claro cómo el país planea afrontar el pago o enfrentar el refinanciamiento de la deuda pública” y, sobre todo eso, la incertidumbre que está ligada al riesgo político.
“Si hay algo que no les gusta a los inversionistas es la incertidumbre, aunque pague más. Tienden a subir el premio de riesgo aún más si el inversionista no tiene confianza en que el sistema político de un país facilitará una resolución al desafío del día”, apuntó el experto internacional.
¿Está inflado el PIB de El Salvador?
Desde el punto de vista de los ya acreedores, tanto la representante del BID, Carmiña Moreno, como el presidente de Banco Agrícola, Rafael Barraza, destacaron que además de una buena administración de la deuda pública, es imprescindible que El Salvador incentive el crecimiento económico y la inversión.
“El mayor impuesto que puede tener un país es la falta de crecimiento”, dijo Moreno.
“Lo que tenemos que dar es certidumbre de que se va a pagar (...) privilegiar el crecimiento es la estrategia más alta para alcanzar la sostenibilidad”, apuntó por su parte Barraza.
Fuentes dijo que comenzará una agenda con todas las fracciones políticas para buscar consenso en la aprobación de la deuda; pero, Rafael Lemus, asesor del principal partido de oposición, dijo que no recomendará la aprobación hasta que no se reforme la Ley de Responsabilidad Fiscal que asegure la buena administración del dinero público.