La firma electrónica, que es la base para implementar la factura electrónica, aún no arranca, pese a que fue una medida aprobada en 2015 por la Asamblea Legislativa.
La medida aún depende de fondos otorgados por Fomilenio II, cuya ejecución ha tenido diferentes trabas de ley en los últimos meses.
La institución encargada de determinar el uso de esta firma es el Ministerio de Economía, que ya creó una Unidad de Firma Electrónica a través de la que se certificarán todas las operaciones que se hagan con esta firma. Hasta el momento la Unidad aún no ha entregado las certificaciones para que esto se concretice.
Este es uno de los puntos pendientes que aún se deben trabajar con el Ministerio de Hacienda pues esta herramienta será importante para la ejecución de una factura electrónica y todo lo que tenga que ver con las operaciones institucionales que se hagan de manera digital.
Esta firma es el sello de garantía de que la operación financiera tiene un respaldo legal. En otros países, esta firma es estampada por una empresa anteriormente designada por el Gobierno. En otros, es el mismo Gobierno quien asume la responsabilidad de acreditar la firma para que todas las transacciones tengan una total validez ya sea a nivel nacional o internacional.
Según Luis Caballero, esta firma electrónica ya es usada ampliamente por muchas empresas alrededor del mundo, lo que permite una mayor agilidad en los procesos así como una mayor confianza.