Las bolsas de productos y servicios serán ahora las encargadas de realizar negociaciones directas con sus clientes, adquiriendo la calidad de intermediarios para tratar con las instituciones estatales.
Lo anterior gracias al proyecto de reforma a la Ley de Bolsas de Productos y Servicios, aprobada en la Asamblea Legislativa en sesión plenaria del miércoles 3 de enero de 2018.
Antes de la reforma, toda operación que se negociaba en una bolsa de productos y servicios se realizaba por medio un puesto de bolsa, que actuaba como intermediario en la negociación de productos o servicios propios o de terceros.
Su función no se limitaba a la intermediación, sino que realizaban además funciones de asesoramiento a clientes, así como de desarrollo y vigilancia del cumplimiento de los contratos derivados de las respectivas negociaciones.
Con estas reformas se exoneró a determinadas instituciones estatales de requerir la asistencia de los puestos de bolsa por las operaciones que necesiten realizar en el mercado bursátil.
En este sentido, la Superintendencia de Competencia (SC) señaló que siendo a nivel nacional la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, (BOLPROS), la única operante “la reforma promueve la monopolización de las actividades de intermediación a favor de BOLPROS, como único puesto de bolsa. La rivalidad entre los diversos puestos de bolsa se elimina a favor de ella, eliminando el buen funcionamiento de dinámica del mercado”.
Bolsas de productos y servicios
Las bolsas de productos y servicios son espacios que reúnen a demandantes y oferentes, con el propósito de negociar y efectuar transacciones de productos y servicios.
Este sistema permite negociar productos y servicios, contratos sobre transferencia de productos y servicios, y títulos que constituyan derechos sobre los bienes, a excepción de los que se negocian en el mercado de valores. Por ejemplo, en el caso de productos agrícolas, este sistema resulta propicio para brindar una mayor facilidad y certidumbre de negociación.
El Estado, como un gran comprador de bienes y servicios a nivel nacional, ha optado por utilizar en algunas de sus adquisiciones este mecanismo. En 2016, 24 instituciones públicas realizaron compras con este mecanismo. En 2017 las adjudicaciones realizadas por las instituciones autónomas, gobierno central, empresas públicas y municipalidades fue mayor de $716 millones.