Ante el anuncio de subir la cantidad de dinero que se entrega como subsidio al gas propano, y la posibilidad de revisar otros beneficios a fin de restaurarlos total o parcialmente este año, un par de economistas consideran que el gobierno salvadoreño debe tener cuidado de no incrementar el gasto de “forma populista”.
El Ministerio de Economía (Minec) anunció el pasado 30 de marzo que el monto de subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 2018 será de $6.26 de manera que, por ejemplo, los beneficiarios solamente paguen $5 por cada cilindro de 25 libras.
El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, confirmó este martes que el Ejecutivo tiene suficientes recursos y puede ejecutar la medida “aún sin ir a la Asamblea Legislativa a modificar el presupuesto”, cuyo monto total se prevé será de $40 millones.
Según Lorenzana, los precios internacionales favorables y “los niveles de ahorro que el gobierno ha hecho y que ha mejorado la eficiencia en la administración de las finanzas públicas” fueron los factores que impulsaron la decisión de subir el subsidio.
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Sin embargo, para el economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Carlos Pérez, aunque por ahora las finanzas públicas se encuentran en condiciones menos críticas que las del primer trimestre de 2017, cuando el país cayó en un impago de la cuota que debía a los fondos de pensiones, no es recomendable abusar del déficit fiscal bajo logrado puesto que si bien se puede “gastar un poco más” también existe un peligro de “generar problemas mayores a los que ya hemos tenido”.
“Sería importante que el gobierno no se entusiasmara en incrementar el gasto en forma populista porque se han hecho bastantes avances en relación a focalización de subsidios y revertirlos sería retroceder”, dijo Pérez.
Lorenzana reconoció que “la población ha tirado un mensaje claro de que hay cosas que quiere que se le mejoren” por eso, dijo, el Ejecutivo ha comenzado un análisis para determinar la posibilidad de restaurar los subsidios que se redujeron el año pasado como consecuencia de la complicada situación de liquidez de las finanzas públicas, entre ellos el de la energía eléctrica.
Durante una entrevista televisiva, Lorenzana no quiso adelantar los criterios de los cambios que se harán.
Para el economista Claudio de Rosa, a menos de un año para las elecciones presidenciales, este tipo de medidas son “política populista e incluso inmoral porque con eso buscan comprar votos”.
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De Rosa destacó que la administración fiscal “nunca ha tenido transparencia” por lo que no sería raro que el gobierno sí tuviera los recursos para pagar el subsidio sin recurrir a financiamiento extra; pero al mismo tiempo, aunque en determinado momento el presupuesto fuera insuficiente, siempre “tiene muchas gavetas de dónde sacar dinero”, aunque esto sea a costa del pago a los proveedores o el apoyo a otros proyectos públicos como los de salud y seguridad.
Los subsidios al gas y la energía eléctrica tuvieron inconvenientes en los últimos dos años. Las medidas generales de focalización, en términos simples, implicaron el recorte de alrededor de 30 mil beneficiarios de GLP en septiembre de 2016 y de 700 mil hogares que recibían la subvención eléctrica en febrero de 2017.
Mientras muchos consumidores denunciaron en septiembre del año pasado que algunas tiendas se negaban a vender cilindros a precio subsidiado porque el Economía no les había hecho la transferencia y sus márgenes de ganancia no se los permitían, la cartera de Estado atribuyó el atraso de $4 millones a “un problema de caja”.
Desde finales de 2016, el subsidio a la energía tampoco fue pagado a las distribuidoras; y pese a que se abonó una parte, la deuda se acumuló por más de nueve meses en 2017, lo cual provocó que Guatemala incluso dejara de vender energía a El Salvador. El Minec aseguró entonces que el subsidio eléctrico no sería mayor a $3 o $4.