El sector privado continúa cuestionando que el Presupuesto General de la Nación para 2018, aprobado el pasado 5 de enero, aún no pueda consultarse en el Diario Oficial.
Para los empresarios de Cámara de Comercio (Camarasal) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el hecho de que la publicación no se haya hecho efectiva, le resta legalidad al presupuesto y no le da el valor de Ley de la República.
Según Javier Argueta, director legal de la ANEP, al no ser efectiva la publicación del presupuesto, no deberían destinarse fondos para contrataciones en el Gobierno o para abrir licitaciones, por ejemplo.
La posición de Argueta coincide con la del abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien hace unos días explicó que “hay mucha jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional… que la ley, para que inicie el cómputo de su plazo de vigencia, debe estar efectivamente publicada”, es decir, que ya esté en circulación el Diario Oficial en que aparece impresa la ley.
Mientras que el también abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo señala que “materialmente no se ha cumplido con el requisito de la publicación”.
“Pero hay una resolución de una Sala de lo Constitucional, de ya hace varios años, que dice que eso no es problema en la medida que este certificada la fecha en que va a salir publicado y con qué fecha va a salir publicado”, detalla Bertrand Galindo.
Agrega que el hecho de darle validez de ley al presupuesto, sin que se haya hecho efectiva la publicación en el Diario Oficial se ha ido constituyendo en una costumbre inadecuada de los Gobiernos en los últimos años.
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En efecto el portal de Transparencia Fiscal ha publicado una circular donde hacen constar que la Ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Financiero Fiscal del año 2018, aparecerá publicado en el Diario Oficial del 15 de enero de 2018, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
La edición aún no está disponible; la Imprenta Nacional tiene en su sitio web como última publicación, la del 12 de enero de 2018, la máquina operadora que atiende las llamadas en la Imprenta asegura que la última edición a la venta del Diario Oficial es la del 12 de enero de 2018.
Para Bertrand Galindo, la Imprenta Nacional tiene una carga laboral que no lleva al día, además la publicación en la que se incluye el Presupuesto Nacional es bastante voluminosa y puede ser que la razón de la tardanza sea por falta de material.
Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), explicó que proceso de formación de ley obliga publicar todas las leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa.
“Es algo imperativo, se debe de publicar, si el presidente no lo hace incluso la Asamblea Legislativa tiene potestad de mandar a publicar en el Diario Oficial”, dijo Castro.
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Preocupación de la empresa privada
A inicios de mes, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal), Javier Steiner, dijo que la gremial no había podido analizar los datos del Presupuesto General de la Nación 2018, que fue aprobado el pasado 5 de enero, porque el plan de ingresos y gastos no ha sido publicado en el Diario Oficial.
Javier Argueta, director legal de Anep, manifestó ayer que al estar el ejemplar del 15 de enero a la venta, no es Ley de la República.
Argumenta que la Sala de lo Constitucional contempla las figuras de la vigencia material y la vigencia formal, esta última se refiera a la publicación de las leyes en el Diario Oficial.
“Si el presupuesto aunque este publicado en el Diario, pero no está a la venta, puede tener efectos de la inexistencia jurídica del presupuesto”, enfatiza Argueta.
Esto implicaría reparos de la Corte de Cuentas, no podrían darse contrataciones por parte del Gobierno, ni autorizar licitaciones y tampoco ejecutarse partidas presupuestarias, agrega Argueta.