La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa) pagará este año $8.4 millones más en salarios tras incluir en su planilla a 1,087 empleados que antes trabajaban en el puerto de Acajutla, bajo el esquema de subcontratación.
De $12.6 millones que Cepa presupuestó en pago de remuneraciones y que canceló en 2017, la autónoma pasará a desembolsar $21 millones, que, según el presidente de la empresa estatal, Nelson Vanegas, se lograrán financiar a través del ahorro de más de un millón de dólares en bienes y consumo.
El aumento de las plazas se hace a pesar de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pidió al Gobierno en 2017 que frenara el aumento de empleados públicos.
Vanegas justifica el aumento de plazas afirmando que no son puestos de trabajo nuevos, sino que dichas personas ya estaban trabajando en la institución, solo que a través de otras empresas.
“Lo único que se ha hecho es pasar de bienes y consumo, las empresas outsourcing y hacerles el cambio del régimen laboral y pasarlo a planilla de CEPA”, afirmó el titular de esta empresa estatal.
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De hecho, estos empleados fueron despedidos a finales de 2009 por la administración del entonces presidente de Cepa, Guillermo López Suárez, para hacer más eficiente el puerto, pues en ese año la terminal estaba reportando pérdidas.
Con el subcontrato, el puerto se recuperó financieramente y también se mantuvieron los puestos de trabajo, solo que a través de esta figura. Pero el Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria (STIPES) tuvo la promesa de que su situación laboral sería revisada.
Bajo contrato las remuneraciones son diversas, pero hay un buen número de ellos (365 personas) que tendrán un salario de entre $551 y $600, así como otros 159 trabajadores más que ganarán entre $701 y $750. Pero ahora también hay más empleados que ganan más de $2,000 bajo contrato.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) señaló, la semana pasada, que aunque el Gobierno logró subsanar algunos desbalances fiscales que tenía el presupuesto de 2017, el de 2018 aún tiene partidas que no cumplen con lo que mandó la Sala de lo Constitucional.
El Diario de Hoy publicó el lunes que, pese a que se pidió austeridad muchas instituciones del Gobierno Central aumentaron sus plazas. Entre ellas también se cuentan las del Órgano Legislativo y Judicial. Esta última incrementa sus ingresos en 6% todos los años, como parte de una medida establecida en la Constitución y que solo los diputados pueden cambiar.
