Todo lo contrario ocurrirá con otras carteras de Estado en las que no se registra un aumento de empleados, pero el monto de los salarios a pagar aumenta.
Tal es el caso del Ministerio de Salud, donde se han reducido 53 plazas, pero el monto de sus gastos salariales ha crecido en $2.4 millones.
Lo mismo ocurre con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Obras Públicas. En el primer caso, no hay variación de plazas, pero la cantidad de dinero aprobado para sueldos en esta institución crece en $2.2 millones. En el segundo caso, se eliminan 15 plazas, pero el monto para salarios crece en 1.7 millones.
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En el Ministerio de Educación solo se aumentan 3 plazas, pero su gasto en salarios se eleva en $6.4 millones respecto a lo que se presupuestó en 2017. Este es el ministerio con una mayor variación en cuanto a dinero, pero de los que menos aumento registra en el número de empleados.
Para Rubio, aunque los diputados lograron subsanar muchos de los problemas que la Sala señaló sobre el gasto estatal, aún han quedado portillos en los que es necesario hacer recortes para mantener las finanzas equilibradas.
El Diario de Hoy publicó el 10 de enero un informe del Ministerio de Hacienda en el que se muestra que el número de funcionarios que ganan entre $600 y $1,000 se triplicó entre 2006 y 2016, y los que ganan más de $2,000 también se cuadriplicó en ese mismo periodo.
Los datos oficiales indican que desde que el FMLN llegó al Gobierno en 2009, el número de plazas se ha incrementado en más de 40 mil, un número que, de acuerdo con economistas y tanques de pensamiento, ha generado un mayor desequilibrio fiscal.
Funde destacó en su análisis que los rubros de educación y salud, a los que se les debería dar mayor apoyo presupuestario, registran disminuciones en términos de su porcentaje en relación al PIB. “Este es el gasto social más importante, al que debería dársele prioridad”, señaló Rubio.
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Fondos a ONG’s
Otro de los gastos que genera debate para Funde es el aumento de $3 millones que será repartido entre 18 organizaciones no gubernamentales que se incorporaron en el dictamen del presupuesto a última hora, pese a que antes se habían eliminado 54 de ellas para dar cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional.
En 2017 los diputados votaron por entregar $28 millones a un total de 110 asociaciones. Para 2018 se proyectaba que este número se redujera a solo 56, con un costo de $20.1 millones, pero el dictamen incluyó a 18 más, con las cuales se elevó a 74 las organizaciones sin fines de lucro que recibirán fondos del Estado.
Funde también destacó que los compromisos como la devolución del IVA y la renta a los contribuyentes no están totalmente incluidos en el presupuesto, que ya fue votado.