Aunque al inicio el gobierno salvadoreño estimó una cantidad “razonable” sobre lo que deberá devolver en Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 2018, el presupuesto que finalmente fue aprobado en la Asamblea Legislativa será insuficiente para honrar este compromiso con los contribuyentes, aseguró este viernes la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
El organismo consideró que al reducir $40 millones entre el Proyecto de Presupuesto y el Presupuesto Votado 2018, “existe la probabilidad de incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional”.
Para la Funde, la Sala fue enfática en su sentencia sobre el presupuesto de 2017, al insistir en que el gobierno debe presupuestar todos sus ingresos y gastos durante el año.
“Hay bastante evidencia de que este presupuesto que se aprobó podría rayar en la inconstitucionalidad debido a que los recursos serían insuficientes para las devoluciones”, dijo el economista de la entidad, Rommel Rodríguez.
Y es que, entre enero y noviembre de 2017, el gobierno tuvo que devolver en IVA y renta alrededor de $79.1 millones a los contribuyentes, una cantidad mucho mayor a la partida de $25 millones que fue presupuestada para este año. “Lo que ha destacado en algunas oportunidades el señor ministro (de Hacienda) es que van a tratar de ser más eficientes, de que se den ahorros en entidades públicas para que con esos recursos pueda estar funcionando todo, pero lo más probable es que finalmente se terminen dando notas de crédito o emisión de Letras del Tesoro”, agregó Rodríguez.
En su análisis sobre el plan de ingresos y gastos de la nación, la Funde reconoció que el presupuesto 2018 hizo una reestructuración del gasto, en algunos casos positivos como estimar un aumento en los ingresos tributarios; y en otros, ajustes “cuestionables” como aumentar el gasto en rubros que no corresponden a salud, educación y seguridad.
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Asimismo, destacó que, pese a los constantes problemas de liquidez y el mandato de la Sala de desacelerar el alza de empleados públicos, el presupuesto 2018 contempla la creación de 707 plazas nuevas de las cuales 149 corresponden a la Asamblea Legislativa y apenas 3 estarán en el Ministerio de Educación. Se destaca que estos nuevos empleados públicos implican un alza de $27 millones en el gasto en salarios.
Mientras que el gasto en Salud y Educación se redujo como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en los recursos orientados a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el presupuesto de este año añadió a 18 entidades receptoras con asignaciones por $3 millones, puntualizó también la Funde.