A las puertas de una elección legislativa y municipal y con un año de anticipación para las elecciones presidenciales, el Gobierno quiere analizar, nuevamente, un aumento al salario mínimo.
De acuerdo con la ministra de Trabajo, Sandra Guevara en este momento están evaluando y recibiendo las propuestas para revisar el ajuste salarial para 2019.
Y piensan hacerlo aunque la empresa privada-el mayor empleador del país- no participe ni vote por él.
La última vez que se aumentó el salario fue en diciembre de 2016, cuando la representación gubernamental y los trabajadores votaron porque se subiera a $300 en los sectores servicios, comercio, industria e ingenios azucareros y modificarlo al alza entre un 20% y un 60% en otros rubros económicos.
Es importante para una revisión salarial (aumeto al #SalarioMinimoSV ) que esté presente la representación de la empresa privada en el #CNSM. Expresa Pte. del Consejo Lic. Roberto Alejandro Rosales.
— Ministerio Trabajo (@TrabajoSV) 15 de enero de 2018
La empresa privada no apoyó la propuesta porque aseguró que los representantes del sector laboral fueron elegidos una semana antes a través de modificaciones de ley para incluir a sindicatos afines al FMLN.
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Desde esa vez, la empresa privada no ha asistido a las reuniones y se niega a participar de ellas hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no resuelva que esa elección fue ilegal.
Sin ellos
Esta vez, el Consejo tampoco espera contar con los votos del sector empleador.
“Cinco miembros propietarios hacen quórum y cuatro de sus miembros bastan para tomar una decisión. Nosotros por apego a la ley, vamos a convocar a una nueva elección”, dijo Roberto Rosales, presidente del Consejo.
La ministra de Trabajo cree que el tema puede comenzar a discutirse a partir del segundo semestre de este año, pues tendrían que hacer una nueva elección de los representantes del consejo, pues a los del sector privado ya se les venció su periodo.
“El Consejo tomará la decisión de cuándo hacer este debate. Puede ser el segundo semestre del año porque no tiene caso empezar a hacerlo cuando hace falta mucho tiempo. Eso lo definirá este Consejo”, afirmó la funcionaria.
Pero la empresa privada no está dispuesta a seguir el juego del Gobierno. “Mal haríamos en participar en algo que consideramos que es ilegal y contraproducente. Esto sería avalar el abuso del poder y contribuir a debilitar el Estado de Derecho”, dijo Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
“Queremos que ellos (sector privado) estén presentes pero no podemos obligarles”, afirmó Rosales.
Por su parte el representante del Movimiento Laboral Salvadoreño, Ricardo Soriano, recordó que este consejo tiene que seguir un proceso para aumentar el salario. “No pueden haber aumentos por decreto, tiene que seguir un proceso”, afirmó.
El tema se vuelve más relevante en tanto que este es uno de los entes tripartitos (Gobierno, empresa privada y sector laboral) en el que la empresa privada ha señalado cambios de ley para incluir a sindicatos afines al partido político en el Gobierno.
Táctica política
En respuesta a este anuncio, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, respondió que esta es una medida política que busca a conseguir votos en momentos en que el Gobierno tiene muchas críticas sobre su desempeño en diferentes áreas.
“El tema del salario mínimo está siendo utilizado como una caja china para desviar la atención del fracaso del TPS, de la poca aceptación del presidente, de las malas evaluaciones nacionales e internacionales”, señaló Cardenal.
Además, señaló que es una táctica que ellos consideran ganadora para las elecciones de 2019 pues no hay más logros que mostrar.
Lo mismo opinó Soriano. Para él, esta medida es desespera pues el Gobierno quiere asegurar los votos a toda costa y este es un tema que puede atraer rédito político en los próximos meses.
La ministra de Trabajo, por su parte, cree que el aumento del salario que se aplicó en 2017 ayudó a la economía nacional pues dio más poder adquisitivo a los trabajadores con lo cual también ganó la empresa privada, que se benefició de ese flujo de dinero.
“Se mejoró el poder adquisitivo de los salarios. Se beneficiaron las empresas y no afectó la competitividad de las empresas”, dijo.
Pero para Soriano, el efecto ha sido contraproducente: tras el aumento al salario mínimo se perdieron miles de trabajo. La Asociación Salvadoreña de Industriales afirmó que entre finales de 2016 y el primer trimestre de 2017 se perdieron al menos 3,000 empleos pues muchas compañías no pudieron sostener los costos y decidieron recortar personal para mantenerse.
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“Si siguen subiendo el salario de la forma en que se hizo el año pasado, estarían terminando con la poca inversión en el país. Únicamente han logrado golpear al empleador. Lo que han hecho es un desempleo”, reiteró Soriano.
Cardenal aclaró que la empresa privada no se opone a discutir un aumento salarial, siempre y cuando éste tenga una base técnica y todo su procedimiento sea apegado a ley.
“Siempre hemos estado de acuerdo en participar y discutir y participar. Lo que no estamos de acuerdo es que se atropelle la representatividad”, añadió el representante del sector privado, que es el mayor empleador del país.