La imagen crediticia de El Salvador ha mejorado a paso lento desde que la Asamblea Legislativa aprobó, a finales de 2017, una reforma de pensiones y más recientemente, el presupuesto general de 2018.
La última revisión positiva la obtuvo de la agencia Standard and Poor’s, el 14 de diciembre de 2017, después que en abril de ese mismo año le asignara la peor nota crediticia que el país haya tenido en su historia: “default selectivo” o impago.
En octubre pasado la agencia Fitch Ratings también le dio al país una perspectiva “estable” con una nota de B-, mientras que Moody’s Investment no ha variado su nota de Caa1 con perspectiva estable desde abril de 2017.
Estas calificaciones internacionales son tomadas en cuenta por los inversionistas para prestarle dinero a El Salvador en caso que éste lo solicite. Una perspectiva estable o negativa influye para que los inversionistas decidan a qué tasa de interés pueden prestarle al país.
Después que los diputados aprobaron una reforma de pensiones que estabiliza la deuda en el largo plazo, las agencias confiaron en el acuerdo político y mejoraron la perspectiva.
Según el experto económico, Mauricio Choussy, estas calificaciones colocan al país en una mejor condición para acceder a financiamiento internacional, que será necesario una vez que los diputados acuerden mecanismos para estabilizar la deuda desde 2019 hasta 2024.
Pero a pesar de que la imagen crediticia del país va mejorando poco a poco, esto no significa que vaya a obtener una mejor tasa de interés. Según el exministro de Hacienda y analista económico, Manuel Enrique Hinds, aunque se hayan mejorado mínimamente las calificaciones, el país seguirá prestando dinero a tasas de interés elevadas.
El Salvador sigue pagando tasas de interés que van desde el 6% hasta más del 7%. Cuando el país cayó en impago ni siquiera pudo ir al mercado internacional a solicitar préstamos, pues éstos hubieran sido muy caros, es decir, con tasas de interés de más allá del 9%.
Choussy afirma que lo que realmente han ponderado las agencias es el acuerdo al que llegaron los políticos, tanto en pensiones como en presupuesto, pues les indica que en el futuro será menos probable que el país caiga en un nuevo default o impago.
Con la aprobación del presupuesto 2018, las agencias podrían mejorar aún más las calificaciones crediticias nacionales, aunque según Choussy, aún falta que los diputados aprueben unplan de financiamiento de largo plazo, que logre asegurar el pago de la deuda desde 2019 hasta 2024.
Los diputados están barajando la posibilidad de que los $350 millones en bonos sean obtenidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reforzar el déficit fiscal. Choussy afirma que si se recurriera a este organismo internacional las calificaciones de las agencias no incidirían en nada para obtener el financiamiento y, además, lograrían obtener una tasa de interés muy baja, que convendría a las finanzas de la nación.
Deuda pendiente
Y si bien ya está aprobado el presupuesto de este año, aún es necesario que los diputados se pongan de acuerdo con un esquema de financiamiento para pagar la deuda que vence entre 2019 y 2024, que suma aproximadamente $2,500 millones, es decir, un 15% de la deuda total del país.
El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, afirma que si se llega a un convenio sobre el financiamiento de este endeudamiento, se logrará que las agencias tengan confianza en las finanzas del país y mejoren aún más las calificaciones que tiene hoy, con lo cual también podría mejorar la obtención de financiamiento en el largo plazo.
Déficit fiscal
Una de las ventajas que podrían ser bien ponderadas por las calificadoras, en un futuro próximo, es el hecho de que los diputados aprobaron desde ya el financiamiento que cubrirá el déficit fiscal que siempre ha representado un problema para el Ministerio de Hacienda.
Según Roberto Lorenzana, esta es la primera vez que la nación logra aprobar un presupuesto que ya toma en cuenta el déficit, aunque para Choussy, esto no hubiera sido posible si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no los hubiera obligado a presentar un presupuesto real, con ingresos y gastos reales.
En el pasado el problema financiero de El Salvador ha sido que el Ministerio de Hacienda subestimaba los gastos y sobreestimaba los ingresos, lo que generaba un desequilibrio de transferencias al final de cada año y provocaba que muchas áreas se quedaran sin dinero, mientras que otras lo derrochaban.
Esta vez el ministro Carlos Cáceres le ha pedido a los funcionarios que trabajen con el presupuesto que se les ha asignado pues no habrá más posibilidades de ingresos. “Los colegas ministros deben trabajar con el presupuesto que se tiene, no me pidan más, les pido la colaboración, deben ser buenos administradores”, dijo en una entrevista televisiva.
Las calificadoras aún no dan su valoración sobre los cambios que se han hecho al aprobarse el presupuesto anual del 2018.