Once países de América Latina realizaron reformas estructurales a sus sistemas de pensiones entre 1981 y 2008 y se implementaron otras 14 reformas paramétricas y 3 estructurales entre 2008 y 2017, según el estudio “Panorama Social de América Latina 2017” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Según el documento, las primeras reformas derivaron en la creación de cuatro modelos previsionales, que sustituyeron o complementaron el tradicional sistema de reparto a través de la capitalización individual.
Mientras que las reformas de los últimos años evidencian una nueva tendencia, con un denominador común: avanzan en el desarrollo de mecanismos de solidaridad y, en la mayoría de ellas, aumenta la participación del Estado, tanto en la administración como en el financiamiento de los sistemas.
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El Salvador y Argentina son dos de los últimos países que han modificado su sistema de pensiones, sobre todo con el objetivo de desahogar las finanzas públicas.
En el país se aumentó 2 % a las cotizaciones mensuales, se creó una cuenta solidaria para asegurar las pensiones vitalicias y se redujeron beneficios a quienes tenían pensiones muy elevadas.
La cobertura creció considerablemente en el grupo de menores ingresos (30 puntos porcentuales) y en las áreas rurales (33 puntos porcentuales), lo que se explica principalmente, por la expansión de las pensiones no contributivas, cuya cobertura entre 2000 y 2015 aumentó en 20 puntos porcentuales. Pese a ese avance, 29 % de la población de 65 años y más no recibía ningún tipo de pensión en 2015
El informe también explica que el número de países de América Latina y el Caribe con sistemas de pensiones no contributivos ha aumentado en forma sostenida, pasando de 8 en 1990 a 26 en 2016.
La cobertura regional, incluidas personas mayores, personas con discapacidad y otro, se incrementó de cerca de 1 millón de personas a principios de los años noventa a poco más de 24 millones de personas en 2016.