Ley creará tribunales para agilizar procesos

La Ley de Procedimientos Administrativos fue aprobada por el Legislativo

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Por Jessica Guzmán

20 December 2017

Hace unos días la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos, con la que se pretende regular y normar procesos estatales para hacerlos más expeditos.

Esta aprobación, que aún está sujeta a la sanción del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, entraría en vigencia 12 meses después de ser publicada en el Diario Oficial.

Con esta ley el administrado, es decir una persona que está realizando un trámite en el cualquier instancia del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, si no está de acuerdo con el resultado o resolución podrá apelar en los tribunales de Procedimientos Administrativos, que se crearán con esta legislación.

También podrán acceder a dicha apelación las personas que realicen trámites en las autónomas, en la Fiscalía General de la República, (FGR), en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH), y también en el Tribunal Suprema Electoral (TSE).

Una vez creados los Tribunales de Proceso Administrativos, deberán resolver los casos, no en tres años como ha pasado en muchos casos, sino en ocho meses a más tardar y dar una resolución.

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Para los miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), esta normativa es un gran avance por los beneficios en la regulación de procedimientos. “Con esta Ley hay beneficios en la unificación de criterios de procedimientos y trae tranquilidad al inversionista. Pero para echar a andar esta ley se debe hacer una capacitación masiva en la administración pública”, manifestó Javier Argueta, director de Asuntos Legales de ANEP.

Beneficios de la Ley

Bryan Guevara, parte del equipo jurídico de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), explicó lo más destacable de la normativa aprobada.

¿Cuándo puedo yo hacer uso de la ley de Procedimientos Administrativos?

La Ley de Procedimientos Administrativos se aplica en sí a los actos administrativos que emitan el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las autónomas, Fiscalía, Procuraduría, Derechos Humanos, TSE “y en general cualquier institución pública”... “Esta ley viene a regular la manera en la que un ciudadano se relaciona con la Administración Pública... tiene por objeto regular “los derechos de los administrados frente a la administración pública”.

“Además brinda todo un procedimiento en caso de querer recurrir a un acto administrativo con el que un administrado no se sienta conforme”, explicó Guevara.

Además está el silencio administrativo positivo

El silencio positivo tiene que ver con los plazos en los que se deba dar una resolución en cada caso y, si se pasa del término y el tribunal no ha resuelto, el caso se toma a favor del administrado o persona que interpuso el recurso.

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¿Cómo se aplicará? “El silencio administrativo positivo se aplica de manera general en los casos iniciados a solicitud del ciudadano y es que, “una vez vencido el plazo máximo sin existir una resolución, se producirá un efecto positivo”, explica Guevara; pero agrega que la misma ley establece que, a su vez, se fijan causales en las que el silencio tendrá efectos negativos.

Agilizar trámites

Carmen Aída de Meardi, directora de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (Cifacil), dijo que esta ley es importante porque hace procesos más expeditos. “La Ley agiliza los procedimientos y tiene la parte del silencio positivo que es de beneficio, pero falta la Ley de Simplificación Administrativa que específicamente atañe a los trámites”, dijo de Meardi, quien agregó que desde Cifacil insistirán el próximo año para que se apruebe la normativa vetada.