La reforma a la Ley de Bancos, propuesta recientemente por el FMLN, no beneficiaría en nada a los salvadoreños; sino al contrario, además de empañar la imagen del país en el combate contra el lavado de dinero y activos, y el financiamiento al terrorismo, también podría afectar las operaciones de los bancos y con ello el flujo de transferencias internacionales como las remesas familiares.
El presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Raúl Cardenal, destacó que el proyecto de reforma busca que los bancos no tengan potestad de cerrar cuentas bancarias, “sin justa causa y sin previa resolución judicial o administrativa” emitida por la Fiscalía General de la República. Tampoco dejaría que los bancos nieguen la apertura de cuentas u otros servicios a un cliente, a pesar de que tengan información de que el solicitante esté implicado en graves delitos o no logre justificar el origen o destino del dinero.
Abansa advirtió que tal como está planteada la reforma traería consecuencias para las instituciones financieras y para la imagen del país.
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Utilizando un “ejemplo exagerado”, Cardenal, explicó que bajo esas modificaciones a la ley, si el sucesor de El Chapo Guzmán quisiera enviar dinero hacia Corea del Norte para financiar un acto de terrorismo, los bancos de El Salvador no podrían negarle el derecho a hacer la transferencia. “Estaría poniendo a los bancos del sistema financiero en una situación bien precoz”, insistió.
El ejecutivo señaló que “el negocio de los bancos es abrir cuentas”, no cerrarlas. Sin embargo, al ser un sector regulado no solo de manera local sino internacional, cumplen con una serie de leyes y recomendaciones estrictas.
Uno de los lineamientos más importantes es que cada vez que un cliente haga uso del sistema financiero, el banco solicite información que justifique la fuente de los fondos, especialmente cuando se utilice efectivo. Así, mientras mayor es el riesgo en la actividad del cliente, el banco le pide más información.
Si el cliente no lo hace, el banco puede seguir las recomendaciones de organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que dicen que si no se justifica, representa un riesgo o peligro reputacional para el banco, tiene la obligación de finalizar -o no iniciar- el contrato y reportarlo a la autoridad competente.
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De ahí que para Abansa, si el gobierno salvadoreño determina que los bancos no pueden cerrar cuentas ni negar servicios sin una resolución oficial, el país “puede caer en una categoría de alto riesgo y/o no cooperante”.
También, como una cadena, la imagen de los bancos en El Salvador también recibiría un impacto: al no cumplir con sus estándares, los bancos internacionales cerrarían las líneas de financiamiento a los bancos locales, afectando la disponibilidad de crédito y las transferencias internacionales como el pago de remesas y otras.
“Si los bancos internacionales cierran las cuentas a los bancos locales, sería imposible para la banca poder tramitar el pago de las remesas familiares o hacer transferencias de cualquier tipo a través de la banca internacional”, advirtió Cardenal.
También consideró que la medida afectaría las condiciones para la inversión local y extranjera.
Para la Asociación Bancaria, el sistema financiero salvadoreño está suficientemente regulado. Al menos 25 leyes forman el marco regulatorio de la banca salvadoreña.
Por eso, la asociación de bancos espera que el proyecto de decreto “no pase”, de hecho ya envió una correspondencia a la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, detallando las implicaciones que traería esta reforma en el sistema financiero local, detalló Cardenal.