Empresarios y Gobierno, sin proyectos de inversión mutua

El país cuenta con una ley de Asocios Público-Privado desde 2013, pero aún no se aplica a ningún proyecto. Según analistas, se necesita ofrecer un buen clima de inversión.

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Los APP normalmente son para financiar mega obras, proyectos de gran demanda de inversión tales como presas, carreteras, puertos y aeropuertos

Por Vanessa Linares

13 December 2017

El Salvador tiene vigente una Ley Especial de Asocios Público Privados (APP) y aunque de acuerdo con un experto internacional, estructurar proyectos de este tipo toma tiempo, ya se cuentan más de cuatro años sin que alguno haya sido promovido entre inversionistas nacionales ni extranjeros.

Considerando el escaso margen de maniobra en las finanzas públicas salvadoreñas, la Ley de APP nació con el propósito de crear una nueva posibilidad (legal y económica) para que con menos presión de invertir en infraestructura pública, el Estado proveyera obras y servicios sociales más efectivos. Se esperaba que los proyectos APP también aportaran al crecimiento económico y la generación de empleos en el corto plazo.

Sin embargo, el marco regulatorio ha estado vigente desde mayo de 2013 y aunque el Gobierno tiene en evaluación una lista de posibilidades para APP, entre los cuales al menos siete se han identificado como proyectos prioritarios para que sean apoyados por el segundo compacto de los Fondos de Milenio (Fomilenio II), ninguno ha salido a concurso.

Eduardo Escobal, consultor internacional para proyectos de estructuración e inversión APP, explicó a El Diario de Hoy que el modelo de Asocios Público Privados representan un elemento particularmente dinamizador para economías como la de El Salvador que no tienen la capacidad financiera para realizar grandes inversiones en infraestructura pública.

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Escobal destacó que en general, para satisfacer las urgencias sociales de la población y “sacar a nuestra gente de la pobreza”, los países latinoamericanos necesitan invertir al menos 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura. Para el caso de El Salvador, el monto sería equivalente a $1,000 millones anuales.

De ahí que, aunque dependen de cada país y su estrategia de desarrollo y crecimiento, los APP normalmente son para financiar mega obras, proyectos de gran demanda de inversión tales como presas, carreteras, puertos y aeropuertos, en sectores tan diversos como energía, logística y saneamiento, etc.

Como tienen la particularidad de buscar atraer inversiones grandes, que pueden ir desde lo $50 hasta $500 millones o más, los proyectos APP “no son cosas que se ofrezcan muy rápidamente o que se armen rápidamente. Son proyectos de inversión que estructurarlos puede durar un año o año y medio y promover los concursos también toma tiempo”, explicó Escobal.

A la fecha, entre los proyectos que el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) evalúa para desarrollar a través de APP se incluye el Aeropuerto de Ilopango, una terminal de carga en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, un parque tecnológico en Zacatecoluca, el paso fronterizo en La Hachadura, un parque eólico en Metapán y la iluminación, videovigilancia y fotomulta en tramos de carreteras estratégicas.

Pero, según el consultor, una estrategia de atracción de inversiones a través de los APP implica estructurar proyectos atractivos y al mismo tiempo ofrecer las mejores condiciones para los inversionistas.

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“No solo son los proyectos los que se hacen atractivos. Un país tiene que tener credibilidad, tiene que ser predecible. También se necesita un marco legal y un poder judicial independiente, y un tema de riesgo social mitigado”, dijo Escobal, quien ha dirigido y participado en la estructuración de más de 50 APPs en la región de América Latina.

El economista Ricardo Esmahan coincidió en que “para el éxito de los APP debe haber seguridad ciudadana, jurídica y predictibilidad para las empresas”. Empero, Esmahan señaló que en el contexto actual (por la dirigencia de Proesa), “es difícil de creer el tema de los APP”. “Yo veo a un gobierno con sesgo antiempresarial y así la cosa más parece retórica que realidad”, insistió.

Ambos representantes coincidieron en que los Asocios Público Privados deben convertirse en política de Estado, permitiendo que, además de mantenerse con cualquier gobierno en turno, el país ofrezca normas claras e instituciones fuertes que brinden un entorno favorable de negocios.

El Informe Infrascopio 2017, que evalúa la capacidad de los países de la región para movilizar la inversión privada en infraestructura a través de las APP y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si bien ubicó a El Salvador en la casilla 3 y 1 (de 19) en los indicadores de regulación e instituciones, respectivamente; también catalogó al país en los escalones 14, 15 y 18 por el bajo nivel de financiamiento, madurez (no concreción de proyectos APP) y un clima de negocios e inversión complicado.

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Necesidad de reformas

Pedro Argumedo y Marjorie de Trigueros, de los departamentos de Estudios Económicos y de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), respectivamente, consideraron que para aprovechar el esquema de inversión APP, El Salvador requiere contar con una “verdadera voluntad política” para impulsar los proyectos, un marco legal e institucional moderno y competitivo; pero sobre todo, un entorno de confianza en el que los inversionistas tengan interés.

Destacaron que “el panorama de las APP es muy promisorio en el país, si se hacen las reformas precisas”.

Los investigadores de Fusades observaron que la normativa actual requiere cambios en dos aspectos fundamentales: primero, que incluya en el ámbito de aplicación sectores claves como salud, seguridad social, seguridad pública y para el tratamiento de aguas.

“Al tener excluidos estos sectores se cierra una ventana de oportunidad para potenciales proyectos en beneficio de la población, limitando otras alternativas de inversión ante la delicada situación fiscal del país y los escasos recursos del gobierno”, apuntaron los representantes.

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Y, en segundo lugar, recomendaron que se limite la intervención de la Asamblea Legislativa a una vez, tal como lo dispone la Constitución de la República, pues “reducir la remisión a una sola ocasión nos pone en un plano de competitividad, ya que reduce la incertidumbre”.

Fusades ha reiterado que de acuerdo con expertos del Banco Mundial, un ofertante de un proyecto de APP puede gastar entre $800,000 y $1.2 millones para elaborar una oferta de un proyecto de APP, haciendo que la seguridad jurídica sea uno de los principales atractivos para participar en un proceso de licitación.