La reforma de pensiones que se aprobó a finales de septiembre ha sido una “tabla de salvación” para la sostenibilidad fiscal del país.
Ahora que las finanzas públicas pueden recuperar su estabilidad en el mediano plazo, “ya no es necesario un ajuste fiscal” correctivo sino una reforma cuyos objetivos se relacionen a mejorar el bienestar de los ciudadanos, aumentar la inversión pública, el gasto en educación, salud y otras áreas prioritarias que incentiven el desarrollo social y el crecimiento económico , consideró la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
“Es importante que ahora gastemos nuestras energías en ver cómo crece la economía. Es el tiempo de darle paso al debate de cómo hacemos que esta economía, que ha estado prácticamente estancada desde el 2008-2009, se dinamice”, destacó el titular de la organización, Roberto Rubio.
Para la Funde, en la última década, la economía salvadoreña no se ha recuperado plenamente: la situación fiscal se deterioró al punto de llegar a extrema iliquidez evidenciándose en atrasos en pagos a proveedores de bienes y servicios y en la disminución del dinero asignado a aquellas áreas “sensibles para el desarrollo” como la educación, salud, seguridad e infraestructura”.
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Según la entidad, la reforma de pensiones, al mismo tiempo que institucionalizó que los trabajadores formales cotizantes tendrán una pensión vitalicia, relevó al Estado de algunas obligaciones de alto costo fiscal como el pago de beneficios a los cotizantes optados al Sistema de Ahorro Previsional (SAP), la garantía de pensión mínima y el pago de pensiones al agotarse los saldos de las cuentas individuales.
Con estos cambios, insistió la Funde, se provee de una valiosa “inyección de oxígeno” financiero al Estado que debe aprovechar para redefinir las reglas fiscales.
Así, para cumplir el reto de “avanzar a mayores niveles de bienestar” de los salvadoreños, el país debe, por ejemplo, aumentar las asignaciones presupuestarias para las áreas prioritarias mencionadas; mejorar la calidad del gasto público y definir que la deuda solo será para inversión en infraestructura productiva y social.
“Se habla de un ajuste fiscal cuando la trayectoria de la deuda va al alza y es necesario corregir. Hoy por hoy, la reforma de pensiones ha cambiado esa trayectoria y ya no es necesario un ajuste sino una reforma fiscal encaminada hacia otros objetivos. Hacia el desarrollo para mantener esas sostenibilidad y dar pasos hacia adelante”, explicó el economista Carlos Pérez.
Entonces, una vez superado el impasse de la reforma de pensiones, la economía salvadoreña debe caminar con una “perspectiva de desarrollo”, reiteró el investigador, Rommel Rodríguez.
Para la Funde es prioridad transitar hacia un estado en el que las asignaciones presupuestarias para pagar intereses, por ejemplo, no superen las de la inversión.
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Y es que, para el final del ejercicio fiscal 2016, la inversión bruta fue de $757 millones y las transferencias corrientes alcanzaron los $447 millones.
La organización estima que para el cierre de 2017, los intereses significarán $808 millones, casi el doble que las transferencias corrientes y al menos $100 millones más que la partida de inversión pública.