El representante jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, presentará este lunes una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional en la que pedirá a los magistrados suspender la elección de Marcos Gregorio Sánchez Trejo como director propietario del sector privado en la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
Argueta argumentará que el nombramiento de Sánchez Trejo viola el artículo 144 de la Constitución de la República pues el Gobierno ha irrespetado el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dice que no puede existir injerencia del Gobierno en la elección de los representantes privados o sindicales.
El artículo 144 de la Constitución indica que los tratados internacionales son ley de la República y por lo tanto deben acatarse.
Sin embargo, la ANEP ha denunciado que la secretaría jurídica de la Presidencia intervino en la elección de Sánchez Trejo, pues un mes antes de la elección se crearon 60 asociaciones de forma exprés con las que se logró la mayoría para votar por el abogado.
“Vamos a someter a consideración de la Sala la intervención por parte del Gobierno en la creación de más de 60 asociaciones que, de forma exprés y a conveniencia de intereses del Gobierno, eligieron a Sánchez Trejo”, dijo Argueta.
“El Gobierno no respeta la legalidad en cuanto a convenios internacionales”, agregó el abogado de la ANEP, quien ya denunció de forma pública la ilegalidad que habría cometido el Ministerio de Economía al nombrar a Sánchez Trejo como representante del sector privado.
Tanto la ANEP como la Cámara de Comercio han reiterado que Sánchez Trejo no representa al sector privado y que su elección tiene como trasfondo la aprobación de un proyecto de $800 millones que quiere desarrollar ETESAL, una empresa de la CEL, que podría afectar a los consumidores.
En el escrito Argueta pedirá que se suspenda la elección del abogado y también la de su suplente, Félix Cantalicio Cardona Cándido. Y para que la representación no quede acéfala en la Junta de Directores de la Siget, propondrá que se prorrogue a Waldo Jiménez en el cargo de director representante del sector privado.
Estaba inhabilitado
Argueta también agregará al escrito que Sánchez Trejo estaba inhabilitado para este cargo debido a que su hermano es vicepresidente en la distribuidora de energía AES, con lo cual habría un conflicto de intereses. Este punto no solo chocaría con la ley de la Siget, sino también con la Ley de Ética Gubernamental.
Los señalamientos de la empresa privada provocaron que la semana pasada el Ministerio de Economía suspendiera la juramentación oficial de Sánchez Trejo en la Junta de Directores de Siget, en espera de una revisión del proceso de elección.
Todo lo contrario opinó el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien el sábado pasado avaló el nombramiento de Sánchez Trejo y pidió al ministro de Economía, Tharsis Salomón López, que lo juramente cuanto antes.
El mandatario dijo que la ANEP puede recurrir a la Sala de lo Constitucional, una instancia que está “en la mira”.
Gobierno en la mira de la OIT por casos similares
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en la mira a El Salvador desde hace varios años y por varios casos relacionados a la elección de representantes del sector sindical y privado en instituciones tripartitas.
Una de ellas es la elección de los representantes del sector trabajador en el Consejo Superior del Trabajo, que ha estado acéfalo desde 2013, tras un impase en la elección de los representantes del sector laboral.
Lo mismo ocurrió con el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde tras reiteradas denuncias de los sindicatos, se incluyó a asociaciones sindicales minoritarias y afines al FMLN con las que se han tomado decisiones cuestionadas.
La OIT también tiene en revisión la reversión de reformas de ley que se aprobaron en 2012, durante el gobierno de Mauricio Funes. En estas reformas se sacó a los representantes del sector privado de 19 instituciones autónomas y se le dio potestad al presidente Funes para que fuera él quien eligiera a sus representantes.
La Organización Internacional del Trabajo, con la que El Salvador ha suscrito tratados, tiene al país en la lista negra de los que no cumplen los convenios.
Una misión de este organismo estuvo en el país revisando el cumplimiento de estos tratados y aún no da un fallo sobre los mismos.