ANEP y sindicatos acuerdan medidas para crear más empleos

Acordaron mantener un diálogo bilateral para identificar las trabas que no permiten más inversión y comprometieron al Gobierno a solucionarlas.

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Sarahí Molina, representante de Musyges, firma el convenio con la empresa privada en presencia de los tres poderes del Estado.

Por Karen Molina

19 November 2017

El sector privado y los sindicatos comprometieron al Gobierno a trabajar en siete puntos con los que se podría potenciar la creación de empleos el próximo año.

Los puntos en cuestión son parte de una convenio que ambos sectores firmaron durante el último Encuentro anual de la Empresa Privada (Enade 2017), que tuvo como tema principal el empleo y el desarrollo.

El convenio fue firmado por representantes del Movimiento Laboral Salvadoreño y del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges) en presencia del presidente del Ejecutivo, Salvador Sánchez Cerén; el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda.

“El objetivo de este acuerdo será trabajar juntos en el diseño propuestas orientadas a mejorar las condiciones y atraer la inversión y demandar su implementación de crear propuestas para demandar su efectiva implementación por parte del Ejecutivo”, indica el documento, que se firmó en presencia de representantes de 50 gremiales empresariales así como funcionarios de Gobierno, diputados y cuerpo diplomático.

Entre los principales puntos del convenio están la facilitación de trámites para que las empresas tengan más incentivos para crear empleos, así como la despolitización de los sindicatos laborales y de la discusión del salario mínimo.

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Ricardo Soriano, representante del Movimiento Laboral Salvadoreño, explicó que detrás de este convenio hay un esfuerzo por debatir cuáles son los principales problemas que están limitando la creación de empleos en el país para, luego, crear propuestas que estén encaminadas a crear las condiciones que el país requiere.

Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) solo dos de cada siete jóvenes que cumplen la edad productiva logran conseguir un empleo formal. El resto se queda en la informalidad o se vuelven “ninis” que no estudian ni trabajan.

Y, según Soriano, la burocracia para crear más empresas, así como las condiciones que las alejan, son las causas principales de que el país no esté generando el número de empleos que se requieren para lograr un alto desarrollo.

El Gobierno afirma que en los últimos años se han creado más de 23 mil puestos de trabajo, pero Soriano achaca que muchas de esas plazas se han creado dentro del Gobierno, con lo cual no se mejora la productividad del país, sino que lejos de eso, se le da una carga más al Estado, al contratar personal que pudiera estar laborando para la empresa privada, donde Soriano cree que sí está la base productiva de la nación.

“Esas plazas en el Estado solo están afectando aún más las finanzas porque se necesitan recursos para mantener esos puestos”, señaló.

Con la firma de este convenio los sindicalistas del sector privado y la empresa privada quieren que el Gobierno mejore las condiciones de negocios y comience a crear empleos como ya lo está haciendo Honduras.

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Soriano dijo que se trabajará en una agenda para ver los ejes principales en los que se puede trabajar el próximo año y con ello, mejorar las condiciones.

“Aquí en el país no hay polos industriales. Está American Park (zona de maquilas), pero ese es solo uno de los tantos que necesita el país para crear empleos. Además, la camándula de requisitos impide que se creen más empleos”, dijo Soriano.

En Honduras, recientemente, unas ocho empresas subastaron unos 50,000 empleos para participar de la primera Zona Especial de Empleos que se quiere replicar en todo el país.

“En el país apenas y se habla del plan 20-20 en el que se quería incluir este tipo de zonas”, dijo Soriano.

Amenazas a la vista

El tema debería ser mucho más preocupante para las autoridades en vista de que las amenazas externas son mayores.

En su discurso el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, dijo que la inminente pérdida del TPS en Estados Unidos agudizaría los problemas de empleo que ya tienen miles de jóvenes en el país.

“No hay oportunidades para los jóvenes que ya están aquí y mucho menos habrá para los que van a regresar”, afirmó el empresario.

Soriano espera que se haga un debate serio sobre el tema y se busquen las condiciones para que el país se desarrolle a través del empleo.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner, dijo el día del Enade que era lamentable que mucho talento salvadoreño tenga que emigrar a otro país porque no logra obtener un trabajo en El Salvador.

Afirmó que las autoridades deben hacer lo propio para que las empresas puedan invertir más y crear más empleos.

“Nosotros quisiéramos crear más empleos, pero no tenemos las condiciones”, recalcó Luis Cardenal durante el evento.

Trabas laborales

En los últimos años el sector trabajador y la empresa privada han achacado al Gobierno la manipulación que han tenido instituciones tripartitas como el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo Nacional del Salario Mínimo.

En estas instancias son el sector laboral junto con el empleador los que deben llegar a un acuerdo para alcanzar objetivos como un aumento salarial o medidas para crear más empleos. Sin embargo, el Gobierno ha terminado imponiendo su decisión o excluyendo a alguno de los representantes bajo el argumento de que se deben incluir a otros sindicatos.

Tal es el caso del último incremento al salario mínimo, en el que, a pesar de que el sector laboral estaba de acuerdo en que el incremento tenía que ser gradual, se terminó subiendo el salario a $300 de una sola vez y en sectores en los que las empresas no tenían la suficiente rentabilidad para absorber los costos.

Después de este incremento, se estima que unos 13,000 empleos se perdieron entre diciembre de 2016 y febrero de 2017.

Soriano espera que con este convenio se cumplan los convenios que exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se fijen objetivos que beneficien a todos los sectores por el bien del país.