Nadie está interesado en la enorme explanada de concreto que se inauguró en La Unión hace ocho años y que a la fecha le ha costado al Estado más de $200 millones.
Aunque el Gobierno hizo una ley especial para concesionarlo a la medida en 2011 y la modificó posteriormente, al gusto de las empresas potenciales, ninguna de ellas ha decidido invertir.
Han pasado más de dos años desde que se declaró desierta la última licitación internacional en la que precalificaron 4 compañías. El Gobierno les consultó qué querían y cómo querían las condiciones económicas para invertir y aún así, a la fecha no hay nada concreto.
Y el tiempo seguirá corriendo pues el Gobierno piensa modificar, otra vez, la Ley de Concesión y presentar un nuevo proyecto que calce con las necesidades que tienen las empresas.
Este fin de semana el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, anunció que antes de que termine el año presentará a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para declarar al puerto como una “zona económica especial”.
“Vamos a presentar en el transcurso de este año la primera iniciativa que va a llegar a las distintas fracciones políticas (de la Asamblea Legislativa) para declarar la zona de influencia del Puerto de La Unión como zona económica de desarrollo especial”, informó el funcionario.
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El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, ya le presentó la propuesta a la fracción de ARENA y en definitiva, lo que se busca es facilitar las condiciones a las empresas, de tal forma que se les deje operar con libertad y se les amplíen los plazos para recuperar su inversión.
Si antes se le permitía una concesión a 30 años, ahora se plantea alargarlo a 50 años, por ejemplo.
Según Ortiz, la nueva promesa es que en 5 o 7 años la terminal se convertirá en la de mayor impacto en materia de inversión pública en el país y será un ancla de empleo. Lo mismo dijo Mauricio Funes en 2010, en su discurso de inauguración.
La diferencia es que ahora ya se ampliarían las opciones de inversión para las empresas. Vanegas ha dicho que se puede desarrollar como una terminal de servicios portuarios donde se puedan reparar buques o que se puede explotar para el servicio pesquero.
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Las opciones se amplían, pero el tiempo también se alarga pues el nuevo proyecto tendría que ser discutido por los diputados justo cuando comienza la campaña electoral para los comicios legislativos y municipales de 2018 y se aproxima una nueva campaña presidencial.
Según Vanegas, la terminal no es atractiva para los inversionistas porque tiene problemas de origen que van desde su ubicación hasta su equipamiento y los problemas del canal de acceso, entre otros.
Sin embargo economistas, representantes de la empresa privada y hasta los mismos pobladores de La Unión lamentan que el Gobierno no avance con la celeridad que requiere una megaobra en la que cada año se gastan más de $10 millones para su mantenimiento.
Pocos buques
Durante este tiempo la terminal solo ha recibido un total de 174 buques con contenedores o turistas.
Solo en 2017 han llegado 12 buques que no logran suplir los costos de mantenimiento que tiene la terminal.
En 2010, las proyecciones eran que la terminal movería unos 25,000 contenedores, pero en ocho años no ha movido ni siquiera la mitad de esta de este número.
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Los datos de CEPA indican que durante este tiempo solo se han movilizado 12,839 contenedores.
Cada año CEPA tiene que pagar más de $10 millones para el préstamo que se le hizo al Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC) así como para el mantenimiento de las instalaciones.
Hace un año Vanegas decía que habían al menos seis empresas interesadas en el proyecto. Con nuevas condiciones legales, el panorama cambia pues se ampliarían las condiciones para administrar el puerto.
Mientras tanto, los países vecinos avanzan con rapidez, invirtiendo en nueva maquinaria y capacidad.