La Superintendencia de Competencia (SC) informó este lunes que inició una investigación para determinar si dos constructoras que participaron en la licitación pública para mejorar las instalaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería en tres fronteras del país, se pusieron de acuerdo y con ello realizaron prácticas anticompetitivas.
A través de un comunicado, la entidad señaló que la investigación se inició de oficio a partir de los indicios encontrados en las actuaciones previas de la Superintendencia que fueron motivadas por la información que entregó la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre anomalías detectadas en la segunda convocatoria de la licitación pública para mejorar las instalaciones de Migración y Extranjería en las fronteras de El Poy, La Hachadura y San Cristóbal.
La Constructora Gaitán S.A. de C.V. y Perforaciones Villatoro Vásquez S.A. de C.V. son los dos agentes económicos investigados por la SC.
Los indicios de la Superintendencia “señalan que ambas constructoras habrían tenido comunicación entre sí y se habrían coordinado para la presentación de sus ofertas en la licitación investigada”.
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Para la SC, además de haberse puesto de acuerdo previo a la adjudicación, las empresas también se habrían coordinado “en las gestiones relacionadas con la ejecución de los proyectos adjudicados”.
Según el ente supervisor, el artículo 25-C de la Ley de competencia tipifica el posible acuerdo como una práctica anticompetitiva.
Tras la notificación de la investigación, hecha el 5 de octubre, los agentes económicos tienen 30 días calendario para ejercer su derecho a defensa, luego se abrirá a pruebas por 20 días hábiles, indicó la Superintendencia.
Una vez finalice la instrucción y se solventen todos los aspectos de la investigación, será el Consejo Directivo de la SC quien resolverá si hubo o no violación a la Ley de Competencia vigente en el país, informó la autoridad.