La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) sigue empantanada en el proceso de licitación para concesionar el puerto de La Unión, que continúa operando a su mínimo.
Ya pasaron más de dos años desde que la licitación internacional para atraer a los inversionistas se declaró desierta, y a esta fecha las autoridades continúan discutiendo reformas a la ley de concesión a fin de flexibilizarla y darle más atractivo a las compañías.
El presidente de CEPA, Nelson Vanegas, volvió a repetir que están a punto de presentar una reforma a la Ley de Concesiones a la Asamblea Legislativa con la que podrían modificar los requisitos de ley y atraer a más inversionistas.
La última vez que se le consultó a Vanegas sobre el número de empresas interesadas en el puerto, dijo que habían unas seis que estaban dispuestas a invertir, pero bajo ciertas condiciones.
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Entre las reformas que se revisarían están el número de años que una empresa debería administrar la propiedad. Actualmente la ley lo fija en 30 años y requiere una inversión de al menos $30 millones.
Sin embargo Vanegas dijo que el periodo podría subirse a 50 años y que la empresa invierta el dinero que quiera en el proyecto.
“La persona o la empresa que llegue a manejar el puerto de La Unión debe llegar a desarrollar su propia visión de negocio, que antes estaba limitada al servicio de contenedores”, dijo el titular.
Entre las modalidades que se han discutido para explotarlo está la de desarrollar al puerto como la de la industria pesquera o desarrollar cadenas de frío y con ello exportar atún, pescado y otros productos marinos.
Otra de la modalidad es hacerlo una terminal de servicios portuarios ya sea para almacenar combustible o darle mantenimiento a buques y otros.
Esta última es una alternativa que se ve más a corto plazo que la de concesionarlo definitivamente, explicó Vanegas.
La primera licitación internacional fallida se hizo en mayo de 2015. Ninguna de las cuatro empresas que habían participado de la precalificación del proyecto presentó oficialmente su oferta ante la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).
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Desde esa fecha las autoridades de CEPA iniciaron un nuevo proceso de consulta con las compañías para conocer de primera mano cuáles eran las trabas para el proyecto y, además, escuchar sus recomendaciones.
Sin embargo, el proceso no ha avanzado y mientras tanto el Gobierno paga anualmente unos $10 millones por mantener la terminal marítima en la que apenas han llegado 12 buques este año.
CEPA se desliga del letargo en el que ha caído el puerto asegurando que la construcción del Puerto de La Unión no es un proyecto que fue construido en su periodo, y que desde un inicio tuvo problemas de origen que lo llevaron a ser una terminal poco atractiva para las empresas internacionales.