El contenido del “proyecto de facilitación y registro de trámites”, que lanzó el gobierno este miércoles es prácticamente lo que ya contenían los artículos 6, 7, 9 y 49 de la Ley de Simplificación Administrativa que fue vetada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el 6 de octubre pasado.
“La única diferencia es que con esta ley (la vetada) se iniciarían a simplificar los trámites ya, y con este proyecto (el nuevo) se tardarán de unos dos a tres años para dar resultados”, se quejó ayer Carmen Aída de Meardi, presidenta de la Comisión Intergremial de Facilitación de Trámites (CIFACIL).
Por su parte, la postura de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, es de desconfianza, tal como lo expuso el director de Asuntos Jurídicos de la gremial, Javier Argueta, quien dijo que “al gobierno no le interesa reducir trámites y avanzar, pues esto es darle más largas a eliminar la tramitología y una pérdida de tiempo más”.
Según el Gobierno, con el nuevo proyecto se pretende hacer un levantamiento de trámites de las 13 instituciones o ministerios que lo integran, y a las que la ciudadanía o empresas acuden para realizar sus diferentes procesos administrativos; pero CIFACIL trabajó evaluaciones de impacto regulatorio, en donde estaba contenido el tema de muestras y de pesos, que son dos de los puntos en los que más insisten los empresarios que les complican los negocios.
“Lo que ellos van a hacer es como la conformación de la institucionalidad del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), a través de un proyecto que tiene esas etapas, el levantamiento de trámites que lo están ofreciendo de aquí a un año, pero todo el proyecto dura tres años, ellos harán esto con el decreto ejecutivo en tres años, cuando uno como empresa y como personas estamos tan agobiados de la tramitología que el mensaje era empezar ya”, expuso de Meardi.
No hay claridad
Pero el tiempo que se tardarán con el nuevo proyecto no es el único inconveniente que ANEP identifica, sino que en esa propuesta no está establecido con claridad un standard de tiempos máximos para la realizacíón de un trámite, ni tampoco sanciones por arbitrariedad o discrecionalidad de funcionarios, ni incluso si se detectan casos de corrupción, que tanto han sido señalados por empresarios, entre ellos transportistas más que todo en Aduanas.
Al consultarle al secretario de Participación Ciudadana, Tranparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, (quien estuvo en el lanzamiento del proyecto), qué información se tiene sobre corrupción en la administración de trámites gubernamentales, como Aduanas, una de las instituciones de las que los empresarios señalan que muchas veces el funcionario solo agiliza un trámite si se le da una mordida, respondió que no tenía información, pero no perdió la oportunidad para acusar al sector productivo de evasión de impuestos.
“Con respecto a Aduanas no hay un estudio en serio, lo que sí hay en el campo más de la participación es interrelación con los tramitadores de aduanas que generalmente dan avisos sobre actos de corrupción y, por otro lado, de los funcionarios de dirección de aduanas y del Ministerio de Hacienda que señalan que en muchos casos los empresarios aprovechan ventanas para evadir impuestos. Creo que los trámites de aduanas postulan seriamente para ser uno de los primeros en ser abordados, y yo diría seriamente que las dos afirmaciones que he expresado son ciertas: son tal para cual, hay funcionarios que se benefician y empresarios que se benefician”, señaló Rodríguez.
Posición conciliadora
En cambio el director del OMR, Jaime Campos dijo que “la burocracia es un nicho para la corrupción... y evitar la tramitología reduce los espacios de corrupción, porque le quita discrecionalidad al funcionario”.
Agregó que la iniciativa propuesta por la diputada Margarita Escobar, de ARENA, luego de que fuera vetada la Ley de Simplificación Administrativa, que trata de crear el Organismo de Mejora Regulatoria y de Simplificación de Trámites, le parece un buen proyecto y que está con todo el ánimo de discutir e integrar esfuerzos.
Campos recalcó que lo que ha faltado entre el gobierno y el sector privado es “mayor diálogo y entendimiento” para avanzar en la simplificación administrativa.
Para mientras no habrá una reducción de trámites ni eliminación de la burocracia inmediata, sino que un esfuerzo del sector productivo vetado, un proyecto del gobierno que recién empieza y que se prevé que en tres años puedan los empresarios comenzar a percibir una mejora.