La pugna por eliminar la burocracia parece entrampada más por falta de voluntad de Gobierno, advirtió este viernes la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, Cifacil; luego que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetara la Ley de Simplificación Administrativa y pidiera a los diputados que agilicen la aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos, un proyecto de ley que no avanza desde 1992.
El presidente pidió a la Asamblea Legislativa “avanzar en la discusión y búsqueda del consenso político para aprobar la Ley de Procedimientos Administrativos, presentada el 5 de diciembre de 2016 por el Ministerio de Economía, la cual busca asegurar los derechos de la persona frente a la administración pública.
El proyecto de decreto tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones de toda la administración pública y sus funcionarios, el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador”.
Empresarios no apoyan
“La Ley de Procedimientos Administrativos -que pide el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que sea aprobada- tiene vicios de inconstitucionalidad”, señaló Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (Amcham) y miembro de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (Cifacil).
“Esta Ley se ha revisado, pero el último anteproyecto lo hemos observado, porque tiene vicios de inconstitucionalidad, debido a que establece cobro coactivo y multa coercitiva, lo que vulnera los derechos de la persona, con esto se le da poder al Ejecutivo para poner medidas cautelares y congelamiento de cuentas a los empresarios, y esto se daría por multas en las que la persona pueda incurrir y que muchas veces obedecen a arbitrariedades”, explicó de Muñoz.
Ya aplicada la multa la persona no tiene derecho a que el sistema judicial revise la resolución, aunque dicha multa sea injustificada, ya que según apuntó la representante de Cifacil muchas de las multas en Aduanas y del Ministerio de Medio Ambiente son por arbitrariedad de funcionarios de dichas instituciones.
“La mayoría de las veces son multas coercitivas, arbitrarias, que se imponen para recolección de impuestos y en la Ley dice que el contribuyente está obligado a pagar la multa que será definida por el Ejecutivo, y a la misma administración pública se le da la facultad para que le congele cuentas a la persona natural o jurídica hasta que no cancele dicha multa, por tanto tiene vicios de inconstitucionalidad, por eso no apoyamos esa Ley”, enfatizó de Muñoz.
Javier Argueta, director de asuntos jurídicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), no cree que el gobierno tenga un interés real de facilitar el comercio. “En la Secretaría Jurídica pasó dos años, no es cierto que les interesa la Ley de Procedimientos Administrativos”, dijo Argueta.
Para los empresarios, que son los que más trámites administrativos realizan por su naturaleza comercial, no avanzar en una Ley efectiva que resuelva la burocracia excesiva y elimine los trámites innecesarios es desalentador, tal como lo expuso Elena de Alfaro, quien dirige una pequeña empresa y que exportan a varios países.
Si la Asamblea Legislativa aprueba con 43 votos la Ley de Procedimientos Administrativos y el Presidente la Sanciona, Cifacil afirma que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.
Más de 20 años
Según detalló Javier Argueta, la Ley de Procedimientos Administrativos se empezó a trabajar desde 1992, por un comité donde también estuvo involucrado el PNUD, sin embargo nunca logró avanzar.
En 2014 fue presentada en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y hasta diciembre de 2016 el Ministerio de Economía la presentó ante la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, tampoco se discutió, por tanto en 2017 se formó otra iniciativa para crear la Ley de Simplificación Administrativa creándose una Comisión Ad Hoc en la que estuvieron involucrados Cifacil, gobierno, las fracciones legislativas, menos el FMLN, la cual fue aprobada en septiembre pasado por la Asamblea Legislativa, y luego vetada por el presidente de la República. Ahora el Presidente pide remitirse a la Ley de Procedimientos Administrativos, que viene trabajándose desde 1992 sin resultado alguno.