Moody’s: Riesgo de liquidez aún es latente

Agencia calificadora de riesgo vio positivo que el país lograra aprobar una reforma al sistema de pensiones.

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Por Vanessa Linares

02 October 2017

La calificadora de riesgo Moody’s Investors Services aseguró este lunes que si bien El Salvador logró superar el impasse entre los partidos políticos, y aprobó una reforma de pensiones, el riesgo de liquidez para el gobierno aún está latente.

Según la agencia, la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) que la Asamblea Legislativa aprobó, la madrugada del pasado jueves 28 de septiembre, es “positiva” para mejorar la calificación crediticia del país porque amortigua a corto plazo el riesgo de liquidez relacionado con los pagos de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) de octubre, y también porque permitió que el parlamento autorizara una emisión de deuda a largo plazo por $169 millones para cubrir las necesidades de este año.

“Sin embargo, el riesgo de liquidez a mediano plazo sigue aumentando sin un acuerdo adicional sobre la deuda a largo plazo para cubrir las necesidades de financiamiento del próximo año”, consideró Moody’s.

Para el organismo, aunque la reforma permitió disminuir los costos relacionados con las pensiones, el déficit fiscal rondará el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018.

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Asimismo, pese a que durante los últimos años, el Ejecutivo ha financiado en gran medida sus déficit con deuda de corto plazo (Letras del Tesoro-Letes) que no necesita aprobación legislativa, las condiciones se han deteriorado y “se está alcanzando sus límites, ya que los bancos locales están menos dispuestos a absorber cantidades adicionales”.

Así, subrayó, “sin un acuerdo adicional sobre la emisión de deuda a largo plazo y / o un acuerdo sobre ajuste fiscal para cubrir el déficit fiscal del próximo año, persiste el riesgo a mediano plazo. Tampoco está claro cómo el gobierno encontrará las amortizaciones de la deuda externa que vencen a partir de diciembre de 2019”.

La agencia rescató que la reforma que se aprobó, aunque incluyó algunas modificaciones solicitadas por el gobierno y su partido, se basó en gran medida en la propuesta hecha por la oposición.

Dentro de las principales modificaciones en la ley del SAP está el incremento en el porcentaje de cotización, que pasó del 13 al 15%, siendo 1% más tanto para el sector empleador como para los trabajadores; así como la creación de un fondo llamado “Cuenta de Garantía Solidaria” que se financiará con un tercio de las cotizaciones, será administrado por las AFP y cuya función es asegurar el pago de una pensión de por vida.

 

Además, Moody’s toma en cuenta que la comisión de las AFP se redujo, que se estableció un techo de $2,000 para las pensiones futuras (para los “optados”) y que el 60% de cada aportación al fondo de solidaridad, más los intereses generados, será devuelto al trabajador cuando se jubile.

También que como parte del acuerdo logrado, los próximos pagos de CIP, programados para entre el 4 y 20 de octubre, que suman $91 millones, serán refinanciados con un periodo de vencimiento más largo. Los nuevos CIP tendrán una tasa de interés más alto, del 6%, y los antiguos irán incrementando su porcentaje de 2.5% hasta 4%.

Para la agencia, “el sentido de urgencia que finalmente permitió la aprobación de la reforma de pensiones” en el país fue producto de la falta de claridad con la que el gobierno consideraba cubrir esos gastos en octubre y la necesidad de cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Falta de acuerdos provocó bajas en calificación

La falta de acuerdo político fue uno de los principales argumentos de las agencias calificadoras de riesgo para rebajar la calificación crediticia de El Salvador.

En su última revisión, en abril de 2017, Moody’s otorgó al gobierno salvadoreño una nota de “Caa1” con perspectiva estable, con la que automáticamente el país cayó al grupo de “riesgo sustancial extremadamente especulativo”, es decir, con mayor incertidumbre de que pague las deudas a sus acreedores. Los reportes indican que la calificación anterior era de “B3”.

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Los primeros días de abril fueron duramente criticados por las agencias. En la misma semana, Standard & Poor’s señaló la falta de acuerdos políticos como uno de los motivos de desconfianza; y la agencia Fitch Ratings, también bajó la calificación a “CCC” debido a la alta polarización política que dificultaba acuerdos.

Fitch advirtió en ese momento “una posibilidad real de más incumplimiento” de sus compromisos financieros.

Una vez aprobada la reforma, luego de una extenuante jornada de los diputados que se prolongó por varias horas hasta la madrugada, la imagen crediticia del país ante inversionistas internacionales tuvo un efecto de mejora inmediato.

El mismo 28 de septiembre, Bloomberg, el sitio de monitoreo global de indicadores financieros, informó que el rendimiento de los bonos salvadoreños con vencimiento para 2025 cayó 0.44%, hasta alcanzar un interés del 6.31%.

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, consideró que la baja en los intereses que deberá pagar El Salvador, “lo que demuestra esto es que los mercados internacionales nos ven mejor cuando logramos acuerdos políticos”.

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Superado el impasse de la reforma de pensiones, es de esperar que las agencias calificadoras de riesgo hagan una revisión de las notas otorgadas al país.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, explicó que si bien la reforma de pensiones y la reestructuración de la deuda no es el único aspecto que divide a las fuerzas políticas del país, ponerse de acuerdo en ese tema podría ser considerado en las próximas revisiones de las agencias.

“Si valoran positivamente el hecho de que tomaron un acuerdo en esto, es un beneficio adicional”, consideró Novellino.