La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) hizo 21 recomendaciones al Gobierno para que cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que le ha pedido equilibrar el plan de gastos y transparentar todas sus cifras.
Entre las medidas Fusades propone que el Gobierno incluya todos los ingresos que espera percibir con base a estadísticas. También plantea la reducción de plazas y el congelamiento de aumentos salariales, así como incluir datos como la devolución del IVA y la Renta.
El no incluirlos este año ha sido el motivo principal por el que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional varias áreas del plan de gasto actual.
Este año debe subsanar estos fallos, pero Fusades cree que para 2018 el Gobierno también debe aplicar estas recomendaciones para que el presupuesto sea real y equilibrado.
“La realidad ha obligado al gobierno a hacer modificaciones al presupuesto para ajustarse a lo realmente disponible, algo que pudo haberse hecho hace un año, pero que no se realizó al no tener el deseo de ajustar las finanzas públicas”, señala el informe de la institución.
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En su posición institucional el tanque de pensamiento asegura que el presupuesto de este año ha tenido serios faltantes que debieron incluirse como el pago de pensiones y el endeudamiento que se necesitaba para solventarlo.
“Si el presupuesto votado este año hubiera sido correcto, éste hubiera ascendido a $5,289 millones y en lugar de $245 millones de financiamiento por endeudamiento, hubiera requerido $713.4 millones, un aumento de $468.4 millones de deuda adicional”, señala el organismo.
Según datos analizados por Fusades, para el pago de la deuda previsional, pensiones del IPSFA y devoluciones de impuestos, que son las cuatro partidas analizadas por la Sala, el faltante sería de $174.8 millones.
Cuentas sin fondos
Fusades detalla que los cálculos de lo que falta por financiar por $174.8 millones más $33.4 millones, corresponden al Gobierno Central; pero existen otros compromisos que hay que solventar y para los cuales no existe financiamiento a julio de este año.
Por ejemplo, señala que el subsidio eléctrico, que se estima en alrededor de $90 millones; también hay un faltante de cerca de $150 millones para pagar las pensiones del ISSS y el INPEP de octubre y diciembre, como resultado de que en al menos una de las AFP, se alcanzará el 45% de fondo de pensiones, que es el techo de lo que se puede prestar al gobierno. Asimismo, el saldo de Letras del Tesoro (LETES) a agosto era de $693 millones, y de ese monto, será difícil hacer roll over de $100 millones con el mismo acreedor; y debe recordarse que existen pagos atrasados a proveedores.
Fusades hizo hincapié en que si se aplican medidas de austeridad y se acompaña con un ajuste fiscal propuesto por el Fondo Monetario Internacional las finanzas públicas podrían ordenarse.
El organismo ha insistido en que es el desorden presupuestario lo que ha provocado que todos los años el Gobierno tenga que endeudarse de más, y que entregue fondos a gastos innecesarios mientras que otros quedan sin financiamiento.
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El presupuesto de 2018 tiene que presentarse antes del 30 de septiembre y para esa fecha ya tienen que estar solventados los problemas fiscales que tiene el presupuesto vigente.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, está a la espera de que los diputados le aprueben bonos por $260 millones con los que dice él que podría solventar el faltante en el plan de gastos actual.
LAS 21 MEDIDAS
1) Continuar señalando que el uso de Letes para financiar en forma permanente el déficit fiscal, y no
para descalces temporales, es inconstitucional.
2) Las Letes deben pagarse con ingresos propios, y que queden a cero o con un saldo muy bajo una vez
al año.
3) Revisar que el presupuesto incluya todos los gastos e ingresos.
4) La autorización de préstamos, en caso se requirieran, para corregir las partidas subvaluadas, debe estar acompañada de un programa de ajuste fiscal supeditado con el FMI.
5) Que se corrija la sobrestimación de los ingresos, y que se publique la metodología para hacer las
proyecciones transparentemente, no con números sin sustento técnico ni legal.
6) Que se reduzcan, de acuerdo con la ley, las transferencias al FODES y a la CSJ.
7) Que se incluya en el presupuesto, o en un documento adjunto, los datos sobre la devolución de IVA bruto y neto, y las devoluciones, señalando el mecanismo de pago. La misma información para el ISR bruto y neto, y las devoluciones.
8) Incluir información más detallada de las partidas del presupuesto, especialmente de los gastos que
aborda la sentencia. Para el P2017, se debe exigir que se presente un cálculo detallado de lo gastado al momento de la sentencia, lo que faltaba por gastar, y dónde se ahorrará. En los presupuestos futuros esta información debe ir en un documento adjunto al presupuesto, y disponible al público.
9) Limitar las transferencias a organizaciones no gubernamentales (ONG), exigir la justificación
escrita para hacer cada una de estas transferencias y las auditorías sobre el manejo de esos fondos. Para este año debe exigirse conocer todas las instituciones privadas que tienen fondos asignados en el P201710, y lo que han recibido a la fecha; aunque no estén en el listado detallado, si están dentro cualquier partida del presupuesto. Debe
aclararse que todos los entes privados que reciben fondos públicos están sujetos a la sentencia de la SC, independientemente de la manera o el momento en que se incorporen en el presupuesto. También exigir que las auditorías que se les hagan sean de acceso público.
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10) Congelar plazas, que el número de puestos de trabajo en el sector público descienda y no suba, esta cifra debe ser comprobable y específica.
11) Debe congelarse los aumentos salariales en el sector público, mientras exista el problema de liquidez; y en cuando sean permitidos debe ser acordes a desempeño y aumento del costo de la vida.
12) Limitar el gasto en publicidad, y establecer montos específicos, y de conocimiento público.
13) Equiparar los escalafones, y exigir que haya evaluaciones de desempeño, y que se conozca más en detalle el mecanismo para aplicarlos; y que tengan correspondencia con el aumento del costo de la vida y la disponibilidad de recursos.
14) Debe prohibirse los seguros médicos y de vida privados, excepto para aquellos casos en que las funciones expongan la salud e integridad física de los empleados.
15) Exigir que el gobierno haga una auditoría laboral de amplio alcance.
16) Exigir la promulgación de la Ley de la función pública.
17) Establecer una meta de deuda hacia abajo, en una cifra comprobable.
18) Pedirles a los encargados de las distintas instituciones públicas que revisen su presupuesto. Con el fallo se establece la plataforma para pedir sentencias aclaratorias.
19) La Asamblea Legislativa debe solicitar antes de aprobar el presupuesto, las opiniones de los encargados del manejo de las pensiones públicas, incluyendo el IPSFA, y de las AFP por el lado de las pensiones privadas, así como a la Superintendencia Financiera; para que opinen sobre lo presupuestado para el pago de pensiones y la deuda previsional. Algo similar debe hacerse con el presidente de CEL para que opine sobre lo asignado al subsidio eléctrico en forma transparente.
20) La AL también debe pedir la opinión del Superintendente Financiero y del Ministro de Hacienda, sobre lo presupuestado para el pago de la deuda interna, incluyendo Letes, y deuda externa; y tener una declaratoria que se ha estimado el pago completo en el presupuesto para honrar estos compromisos conforme a las leyes vigentes.
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21) Al momento de presentar el proyecto de presupuesto a la AL, el ministro de Hacienda debe presentar el cálculo del déficit del SPNF a partir de los datos del presupuesto, el déficit fiscal que se espera para el año fiscal, y explicar la diferencia entre ambas cifras, si es que la hay.