La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) consideró que cualquier decisión que se tome en los próximos días, para reformar el sistema previsional de El Salvador, debe cumplir con dos objetivos fundamentales: “dar mejores pensiones y que éstas pensiones tengan un respaldo financiero sostenible para su pago”.
De acuerdo con la entidad, hasta ahora los tiempos de debate sobre las seis propuestas presentadas han estado determinados en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa; por lo que la decisión de crear una comisión ad hoc para acelerar el proceso, dados los cortos tiempos para llegar a un acuerdo, “es adecuada para lograr un mayor enfoque en esta labor”.
“Nos parece que la discusión y llegar a una decisión sostenible es de gran importancia para los trabajadores y el país”, declaró este viernes, Asafondos a El Diario de Hoy.
Ayer, en su discurso durante las actividades de celebración cívica, el presidente Salvador Sánchez Cerén, urgió a aprobar una reforma de pensiones.
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Y es que, octubre será un mes decisivo para las finanzas públicas salvadoreñas.
El gobierno tiene que pagar la cuota de $91 millones de la deuda que tiene con el fondo de ahorro de los trabajadores (prestado a través de Certificados de Inversión Previsional, CIP), más otros $40 millones de las pensiones de los jubilados de ISSS e INPEP.
A la fecha, el Ejecutivo aún no ha anunciado con claridad de dónde sacará el dinero para honrar estos compromisos.
Aunque el dinero para pagar las pensiones de septiembre está asegurado, el gobierno ya no tendría recursos para los compromisos de octubre, pues una de las AFP alcanzaría el límite máximo permitido para prestarle dinero a través de CIP.
“Precisamente, hay poco tiempo para alcanzar una solución que dé respuesta a esas necesidades de corto plazo. Sin embargo, la reforma de pensiones debe ser una solución que atienda esas necesidades de corto plazo, sin perder de vista que debe ser capaz de sostener y responder a las necesidades del mediano y largo plazo”, advirtió la asociación de AFP.
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Asafondos recordó que desde febrero, la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) presentó una “propuesta sostenible que le resolvía al país muchas de las presiones de corto, mediano y largo plazo”.
Además, posteriormente, tras un análisis de variables, la misma ICP aseguró que la “propuesta integradora”, presentada por cuatro partidos políticos (ARENA, GANA, PCN y PDC), también era una solución puesto que ofrecía medidas que daban sostenibilidad al sistema.
Mientras no se ha logrado consensuar una propuesta, el Ministerio de Hacienda ha ido proponiendo medidas para obtener recursos.
Por ejemplo, hasta ahora, ya llegó a la Asamblea Legislativa una solicitud para que autoricen al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) emitir otros títulos de deuda aparte de los CIP; y el gobierno ya puso en venta unas 11 millones de acciones, que tenía en cuatro ingenios azucareros del país, para pagar pensiones.