En 23 días exactos el Gobierno se enfrentará, nuevamente, a un pago de $41.7 millones que debe realizar para amortizar el capital e intereses del dinero que ha tomado prestado de los cotizantes de las AFP, a través de la emisión de Certificados.
Si no lo hace a tiempo, volverá a caer en impago, una posibilidad que para los economistas, es cada vez más latente a medida que avanzan los días y no hay ningún acuerdo político.
“El riesgo es latente. Las calificadoras de riesgo saben que hay un riesgo de que el país no pague”, dijo el economista Raúl Castellón.
Además, lo refuerza el hecho de que no hay una fuente de financiamiento segura para pagarlos pues desde que las agencias (Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch Ratings) le bajaron la calificación al país en abril pasado, el Gobierno no ha podido solicitar préstamos internacionales o colocar bonos.
Tampoco ha habido ajustes presupuestarios para reorientar dinero ni se ha avanzado en otra reforma de ley que asegure la sostenibilidad de este pago.
“El Gobierno ha tardado mucho tiempo en hacer un ajuste fiscal”, aseguró el analista económico Carlos Paredes, durante una entrevista televisiva.
Y los préstamos personales también son inciertos. Aunque la banca local ha comprado muchas Letras del Tesoro y le ha dado dinero al Gobierno, el economista Mario Magaña cree que éstos no estarán siempre dispuestos a prestarles más dinero, sobre todo con una baja calificación crediticia como la que tienen.
“Con la baja calificación de riesgo e incertidumbre es probable que la banca internacional diga “dejemos que resuelvan ellos”, señaló.
En su defecto, los diputados de la comisión de Hacienda se han dedicado a estudiar las reformas de pensiones a puerta cerrada. Una de ellas, la del Gobierno, plantea trasladar a las arcas del Estado unos $4,000 millones de los fondos de pensiones.
El otro tema en que se han concentrado las críticas es en una nueva reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que busca subir el techo de emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) con el que podrían conseguir $500 millones más. “Aquí dinero hay. El tema es de responsabilidad”, señaló Castellón.
En abril pasado, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que contaba con el dinero para pagar los $56 millones de deuda previsional. Sin embargo, decidió no pagar justificándose con la falta de una partida presupuestaria que le impedía hacer el traspaso de dinero.
Por este impago, las calificadoras de riesgo degradaron al país a “default selectivo”, una categoría de impago eventual, pero que le envía un mensaje de impago a los inversionistas que compran bonos estatales.
Para pagar, el Gobierno quitó dinero de las carteras de Salud y Educación para liquidar la cuenta 20 días después.
Además, hizo una reforma de ley al FOP para que los CIP que emita de aquí en adelante, no paguen intereses, solo capital.
Castellón dijo que si el país vuelve a caer en impago, recibirá una nueva degradación de su calificación y esto volverá a incidir en la obtención de préstamos para el futuro.
Afecta a cotizantes
Uno de los más preocupados por este impago es el abogado del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, quien teme que el Gobierno vuelva a incumplir el pago que le corresponde a los trabajadores por los constantes préstamos que le hace al Gobierno.
De acuerdo con los datos de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) desde 2006 los cotizantes de las AFP le han prestado al Gobierno más de $5,600 millones para que éste pague a los jubilados del ISSS e INPEP.
Según Anaya, este es un nuevo golpe a las futuras pensiones de los trabajadores pues les resta posibilidad de que su fondo se invierta bien y reciba, a tiempo, el capital más los intereses a los que tienen derecho. La obligada inversión de los fondos de pensión en Certificados Previsionales solo le permite a los trabajadores obtener una rentabilidad promedio de 2.3%, una ganancia mínima si se compara con las ganancias de entre 6 y 7% que obtienen inversionistas internacionales.
La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), que promueve una reforma de pensiones manteniendo el régimen privado, rechazó hace una semana que el Gobierno intente tomar más dinero de los trabajadores pues eso significará una pensión menor que la que podrían recibir en el futuro si su dinero se invirtiera en proyectos con alta rentabilidad.
Ordenar las finanzas
Para evitar otro impago, lo mejor sería ordenar las finanzas. De acuerdo con Mario Magaña, después del problema fiscal que afrontó el Gobierno en abril, éste debería estar trabajando en la Ley de Responsabilidad Fiscal y el acuerdo que se firmó en noviembre del año pasado, con la intención de solventar los problemas de caja. Sin embargo el acuerdo sigue sin ninguna aplicación. Tampoco se ha concretado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver los problemas fiscales.
Contrario al diálogo, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha llamado a los ciudadanos a salir a las calles para que reclamen a los diputados por la aprobación de más préstamos.
Los analistas económicos coincidieron en que solo a través de un diálogo franco, el Gobierno y los políticos podrán conseguir una solución antes de que llegue la fecha programada. Insistieron en que debe ser un acuerdo sostenible pues en octubre hay que hacer un nuevo pago a los cotizantes de AFP, por lo que tienen que tener asegurada una fuente de financiamiento para este otro abono.