MANAGUA. El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, advirtió este martes que las reformas a la seguridad social anunciadas por el Gobierno de Daniel Ortega creará "pensiones de miseria".
"Si antes las pensiones eran de hambre, ahora serán de miseria con la nueva fórmula (...) aquellos que cotizaron toda una vida esperando seguridad económica en la vejez, pasarán sus años de retiro en la miseria y hambre", dijo Chamorro en sus redes sociales.
El dirigente de Funides, organismo que aglutina a prestigiosos empresarios y economistas de Nicaragua, reaccionó así a las reformas anunciadas el lunes por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
A través de las reformas, el Gobierno de Ortega ordenó aumentar la cuota de las empresas y de los empleados en 3.5 y 0.75 puntos porcentuales, respectivamente, a partir del 1 de febrero próximo, en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado, precisamente por estas reformas.
Como resultado, las empresas con más de 50 trabajadores pasarán de pagar un 19 por ciento de las cotizaciones a un 22.5 por ciento, y los empleados, del 6.25 por ciento al 7 por ciento. Las que tengan hasta 50 plazas pagarán 21.5 por ciento.
También ordenó reducir hasta un 30 por ciento los montos de las nuevas pensiones, que además se entregarán sin mantenimiento de valor por el deslizamiento del córdoba, moneda nacional, respecto al dólar, que hasta ahora se ajusta en un 5 por ciento anual.
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De igual manera el INSS eliminó el salario máximo cotizable, que hasta ahora es de 96,841 córdobas (2.984 dólares al cambio oficial de hoy) y ahora tendrán que cotizar con base en su salario real.
"Esta política cambiará", resaltó Chamorro en su mensaje, en alusión a uno de los propósitos de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que también encabeza, y que busca elecciones adelantadas para instalar un proceso de "democratización" en Nicaragua.
Estas mismas reformas desataron el 18 de abril pasado la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas y que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La versión oficial de un "golpe de Estado fallido" ha sido rechazada por opositores y por organismos internacionales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos "de lesa humanidad" en el marco de la crisis.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió el pasado 11 de enero la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional. ACAN-EFE