MANAGUA. La economía de Nicaragua se contrajo un 4 % en 2018, tal como lo previó el Fondo Monetario Internacional (FMI), como producto de la crisis sociopolítica que afecta al país, informó este lunes el Gobierno local.
En octubre pasado, durante una visita a Nicaragua para estudiar la crisis local, una representación del FMI llegó a la conclusión de que la economía nicaragüense se contraería un 4 % en 2018, y que el principal desafío para 2019 sería “preservar la estabilidad macroeconómica y financiera”.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) ya había vaticinado esa contracción de manera implícita, al advertir que el PIB de 2018 no crecería en el 4.5 por ciento a 5 por ciento previsto, sino en un 1 por ciento en 2018, cifras que se espera confirme en los próximos meses.
El Poder Ejecutivo atribuyó la contracción a las “consecuencias del “golpe (de Estado) fallido”, tal como el Gobierno define la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el estallido social de abril pasado.
Según el Ejecutivo, unos 130,000 empleos formales se han perdido durante la crisis, lo que “hizo necesario que el Gobierno transfiriera alrededor de 4,500 millones de córdobas ($138.6 millones) entre abril y diciembre”, para garantizar el pago de salarios, aguinaldo, pensiones y gastos de seguridad social.
En octubre pasado el FMI recomendó al Gobierno “abordar los desafíos fiscales a mediano plazo y emprender reformas estructurales”.
El Gobierno nicaragüense anunció este lunes el cumplimento de las recomendaciones a medias, ya que únicamente abarcaron hasta 2021, año electoral, y hasta ahora ningún sector externo al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha mostrado su apoyo a la propuesta de reforma tributaria.
Una reforma de ley a la Seguridad Social aplicada en términos similares en abril pasado desató la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas y que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios que dieron seguimiento.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió el pasado 11 de enero la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional.
ACAN-EFE.