El futuro es incierto para los 195,000 salvadoreños con TPS

En los próximos días, Estados Unidos anunciará si renovará o no el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador. De ser cancelado, un total de 195,000 salvadoreños perderán el estatus legal que han tenido. La mayoría ha vivido por más de 20 años en Estados Unidos.
El futuro es incierto para los 195,000 salvadoreños con TPS

Por Xenia González Oliva

1 enero, 2018

Cory Reyes tiene miedo. Cada mañana teme que ese sea el día en que todo cambie para mal. Teme que agentes de Migración irrumpan en su casa, la detengan en el camino al trabajo o mientras recoge a sus hijos de la escuela; teme que la separen del espacio que ha sido su hogar por casi 20 años. Teme desaparecer de la vida de sus hijos. Teme tener que desaparecer de su comunidad y huir para no perder a su familia. Esa es la angustia que la persigue, aunque ella está “protegida”.

Desde 2001, Cory es parte de los cientos de miles de salvadoreños que lograron obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, un programa que le ha dado un respaldo legal que la protege de la deportación y le permite trabajar.

Aunque el TPS brinda a sus poseedores un estado temporal de legalidad y protección, los ha dejado sumergidos en un ciclo de incertidumbre, de temer que llegue el día en que no sea renovado y se cancele por completo.

Por casi 17 años, Cory ha tenido que pasar por ese ciclo cada 18 meses. Para renovar su TPS se debe someter a un minucioso proceso de supervisión de su historial, además de pagar más de $300 para volver a recibir el estatus y el permiso para trabajar.

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Cada vez que se acercan las fechas de vencimiento del TPS, el miedo comienza a perseguir a Cory y solo la deja tranquila con el anuncio de que ha sido renovado. La última renovación del TPS para los salvadoreños fue notificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) el 18 de julio de 2016, con una extensión hasta el 8 de marzo de 2018. La decisión de si el TPS volverá a ser renovado para los salvadoreños podría conocerse durante los primeros días de enero.

Para Cory, la intranquilidad de no saber qué hacer es peor que en años anteriores.

En noviembre pasado, la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, anunció la terminación del TPS para Nicaragua y Haití. Y, aunque para Honduras se extendió por seis meses más, desde el 5 de enero al 5 de julio de 2018, lo más probable es que también se cancele al concluir ese período.

“¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Lo irán a cancelar o a dejar? Es una angustia muy fea”, dice Cory. Piensa en sus tres hijos, de 11, cuatro y dos años. Piensa en la casa que con tanto sacrificio ha logrado conseguir, en sus amigos de la iglesia, del trabajo y del vecindario. En qué decisión deberá tomar.

Actualmente los 195,000 salvadoreños que poseen TPS están atrapados en ese mismo escenario de incertidumbre.


¿Dónde viven los salvadoreños con TPS?


Hasta octubre de 2017, había un total de 317,660 beneficiarios del TPS, originarios de los diez países que eran parte del programa, según datos del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés). Entre esos países, además de Haití, Honduras y Nicaragua, están ciudadanos de Siria, Nepal, Somalia, Sudán, Sur de Sudán, Siria y Yemen. Pero, aunque son varios países, del total de beneficiarios, el 61.38% son salvadoreños. Además, con Haití y Honduras conforman más del 90% de poseedores de TPS.

¿Qué es el TPS?

El TPS es un programa extendido por Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o explosiones de violencia, escenarios que impiden el regreso seguro a sus lugares de origen.

Un análisis realizado por el CRS en noviembre de 2017 detalla que, en 1990, El Salvador se convirtió en el único país al que el congreso estadounidense le concedió el TPS. Esta primera designación terminó en 1992 con el fin del conflicto armado. Tras el desastre dejado por el Huracán Mitch en noviembre de 1998, la entonces fiscal general, Janet Reno, anunció que suspenderían temporalmente las deportaciones de los migrantes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

El TPS que, hasta la fecha, se ha venido extendiendo para los salvadoreños, fue brindado en 2001 por la administración de George Bush tras los terremotos que afectaron al país. Los salvadoreños que actualmente cuentan con TPS tenían que haber ingresado a Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001. Desde entonces, el TPS ha sido extendido 11 veces. Para cada ocasión, los salvadoreños han tenido que reinscribirse, completando los requisitos exigidos por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el pago de la reinscripción.

En julio de 2016, cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión del TPS por 18 meses más, argumentó que El Salvador aún mantenía las frágiles condiciones que dieron lugar a la designación del TPS en 2001. El documento publicado decía que aún existían problemas sustanciales en las condiciones de vida en el país, producto de desastres ambientales. Además, señalaba el incremento de la violencia y la inseguridad, convirtiéndose en uno de los obstáculos principales del crecimiento económico.

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“El Salvador continúa siendo incapaz, temporalmente, de manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales”, citaba el anuncio firmado por el exsecretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.

La situación en El Salvador no ha cambiado desde entonces, pero en esta ocasión, la decisión del gobierno del presidente Donald Trump podría ser la cancelación del programa.

El ambiente incierto actual ha llevado a que, durante las últimas semanas, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, mantenga un cabildeo constante entre distintas entidades de Estados Unidos para abogar por una nueva extensión del programa.

“El Salvador todavía no tiene las condiciones para un retorno masivo ni para minimizar el impacto que tendrá en las remesas familiares”, sostiene el coordinador de la unidad de monitoreo y estudios de Cristosal Juan José García.

Para el investigador de la Universidad Don Bosco Jaime Rivas la preocupación de las autoridades salvadoreñas ante la situación actual es evidente, ya que siguen sin existir las condiciones en el país para que la población con TPS vea como una opción viable volver a El Salvador. “Aunque sean 10 mil personas, no están las condiciones en el país para el retorno de estas personas”, señala Rivas.

Eduardo, nombre ficticio, ha decidido que regresar a El Salvador no es viable para él. “Ya no se puede vivir allá”, dice sobre la situación de violencia. El país que él dejó ya no es el mismo.

Eduardo aún no tenía los 21 años cuando partió hacia Estados Unidos en el año 2000, solo llevaba sus conocimientos como mecánico automotriz y los sueños de mejorar su vida y la de sus padres. “Uno viaja para acá para un mejor futuro. Todos creo que venimos con esa mentalidad”.

 

Los riesgos del retorno forzado

Desde 2001 Eduardo ha sido beneficiario del TPS. La diferencia entre tener o no tener TPS fue muy significativa, Eduardo recuerda que al contar con una protección legal tuvo por fin ventajas para poder encontrar un mejor trabajo y adaptarse a su nueva vida. Ahora, Eduardo es uno de los principales apoyos económicos de su esposa, padres y hermanos, quienes aún viven en El Salvador.

El TPS, además de ser un programa temporal por el cual no se puede optar a una residencia permanente, tampoco da la oportunidad de que los beneficiarios puedan solicitar a sus familiares.

La violencia en El Salvador preocupa a Eduardo, quien no ve posible la vida en su país de origen. Él ya tomó una decisión, si el TPS se cancela, tendrá que moverse de estado o quizá podría ir hasta Canadá: “Mi familia depende mucho de mí”.

Cory también llegó a Estados Unidos cuando tenía 21 años en el año 2000. Fue hasta que obtuvo el TPS cuando pudo buscar trabajo con mayor libertad. Ha hecho casi de todo, ha trabajado en construcción, en restaurantes, en limpieza de casas y de oficinas, hasta llegar a su trabajo actual a cargo del mantenimiento de una casa.

Tras muchos años de pasar días con horarios impredecibles, Cory por fin ha alcanzado el alivio de una rutina que le permite trabajar y pasar tiempo con su familia. Ahora, las carreras mañaneras por dejar listos a sus hijos antes del inicio de la escuela, el camino a su trabajo, el regreso a la casa para cocinar y descansar en familia, cada momento del día está impregnado por la incertidumbre del futuro: “Siempre con la misma preocupación del día ¿qué irá a pasar con todo esto?”.

Cientos de miles de salvadoreños no solo enfrentan el riesgo de perder el respaldo legal que los protege de la deportación y les permite trabajar de forma regular, también podrían ser víctimas de una enorme ola de desintegración familiar. De acuerdo a una investigación realizada por el Centro para Estudios de Migración (Center for Migration Studies, CMS, en inglés), hay 192,700 hijos nacidos en Estados Unidos de padres salvadoreños con TPS.

“Es una angustia muy fea; porque, imagínese, yo digo qué voy a hacer con mis hijos, no es tanto el peligro de las maras, pero también que no hay trabajo, eso es lo que está pasando ahorita”, dice Cory al pensar en un posible futuro en El Salvador.

En promedio, los salvadoreños con TPS han vivido por 21 años en Estados Unidos, según la misma investigación de CMS. Ahí han formado sus vidas, se han acoplado a las normas de la sociedad, son miembros activos de sus comunidades y la mayoría forma parte de la fuerza laboral de Estados Unidos.

Hay 162,900 salvadoreños con TPS, mayores de 16 años, con empleos.

Es decir que más del 83% de la comunidad salvadoreña con TPS está trabajando. Además, hay 17,400 salvadoreños con TPS que trabajan con cuenta propia.

Su labor aporta cada día a la economía de Estados Unidos, a través del pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social. El 34% de los hogares de salvadoreños con TPS están con hipoteca, es decir que están pagando una casa propia.

Un análisis realizado por la codirectora del Centro para Investigación de Migración de la Universidad de Kansas, Cecilia Menjívar, determinaba que el ser propietarios de una casa es una muestra de la incorporación a la economía, de pertenencia y compromiso a una comunidad. “Para los beneficiarios de TPS, el ser propietario de una casa es un indicador económico, pero también una muestra de pertenencia y afiliación”, sostuvo en el reporte publicado en mayo de 2017.

“La gente está pensando en sus hijos que nacieron acá, pensando en la propiedad que compraron, que tienen, pensando en el trabajo, en la decisión que tienen que tomar. Si quedarse en los Estados Unidos y correr el riesgo de ser perseguidos por la Migración, que es menos peligroso que estar en El Salvador y ser víctima de la extorsión, de la violencia”, dice Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, en inglés) y líder de movimientos que luchan por los derechos de los migrantes en Estados Unidos.

Rivas señala que El Salvador no cuenta con las condiciones para absorber en el campo laboral a todos los salvadoreños con TPS.

El Salvador lo vio crecer, lo educó, le enseñó lo que sabe y él le ha retribuido a través de proyectos y las remesas enviadas, dice Alvarado, quien también fue beneficiario del TPS muchos años atrás y llegó a los Estados Unidos a sus 20 años. La diferencia, sin embargo, está en que su talento y todo lo que ha tenido por ofrecer se lo ha dado a los Estados Unidos.

“Los tepesianos vinieron a la misma edad, le dieron los mejores años de sus vidas a Estados Unidos, son personas trabajadoras, es una fuerza laboral tecnificada… es una injusticia cruel cómo se usa a las personas y cómo se descartan”, lamenta Alvarado.

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La última vez que Cory visitó El Salvador fue en 2004 por la muerte de su madre. Desde entonces, el dolor entrelazado a los recuerdos, además de los compromisos diarios, le ha impedido visitar de nuevo su tierra natal. Además de su familia en Estados Unidos, Cory envía remesas para sus hermanos y su hijo mayor, de 21 años, que aún vive en El Salvador. Si tuviera que regresar, se pregunta dónde estarán dispuestos a contratarla a una persona de su edad, pues ya tiene 38 años. “¿De qué vamos a vivir?”, dice y suspira.

Una amiga de Cory, a quien se identificara como Marcela, ha sido una de las miles de personas afectadas por la cancelación del TPS a Haití y Nicaragua. Cory la ha visto llorar, preguntarse qué podrá hacer en un país que ya es más un lejano recuerdo que el lugar donde creció.

Marcela y su familia han dicho que no se irán, que se quedarán indocumentados, que si un día les toca que los agarren y los manden de regreso así será, pero no se irán. “Uno piensa lo mismo, pero por el futuro de los hijos, no es por uno, es por el futuro de los hijos. No quisiera regresar así”, dice Cory.

Ella ha buscado asesoría con abogados, pero el servicio no es barato y las respuestas no han sido tan alentadoras. Hasta ha pensado que, antes de que ocurra lo peor, debe prepararse y tener listos todos los documentos de sus hijos.

Le pide apoyo al gobierno de El Salvador para negociar una reforma que los beneficie. ¿Y qué le pide al presidente de Estados Unidos?

“Que agarre consciencia, que no destruya familias… a uno le cuesta la vida acá… Pero yo tengo fe en Dios. Lo que esperamos y le pedimos a Dios es que nos den una reforma migratoria”.

¿Qué pierde El Salvador si se elimina el TPS?

La posible cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) afectaría tanto a los salvadoreños que lo poseen como a quienes viven en El Salvador.

El país no cuenta con las condiciones necesarias para lograr que los 195,000 salvadoreños con TPS y sus más de 192,000 hijos nacidos en Estados Unidos logren restablecer sus vidas en El Salvador.

Además, por años, los salvadoreños con TPS han ayudado a la economía del país a través del envío de remesas. Una encuesta realizada por el Centro para Investigación de Migración de la Universidad de Kansas, detectó que el 76.7% de los salvadoreños y hondureños con TPS envían remesas a sus países de origen.

Según la encuesta, en promedio, el envío mensual es de $269. Las mujeres, aunque ganan menos que los hombres, envían el 11% de sus salarios al mes, mientras que los hombres envían el 8% de sus ingresos mensuales.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016 indicaba que 382,734 hogares en El Salvador reciben remesas. Ese año el país recibió $4,576 millones en remesas, de acuerdo a datos del Banco de Central de Reserva.

Según un estudio del Center for Migration Studies (CMS), 45,500 hogares de salvadoreños con TPS tienen hipoteca. El perder los permisos para trabajar legalmente podría llevar a juicios hipotecarios.

Pero además del impacto económico, la separación familiar es una de las principales preocupaciones de las comunidades de salvadoreños con TPS y de las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes.

Óscar Chacón, director de Alianza Américas, una importante red que reúne organizaciones de migrantes y promigrantes, explica los riesgos que corren las familias. “En el caso hipotético de que los padres de familia enfrentaran una deportación inminente, lo mas prudente sería hace arreglos legales que transfieran la tutoría de los menores de edad a una persona especifica”, dice. Ya que en caso de que no haya ningún mayor de edad que pueda quedar legalmente a cargo de los hijos menores de edad de beneficiarios del TPS, la autoridad legal o estatal podría hacerse responsable de los niños.

El CMS destacaba que solo el hecho de enfrentar el miedo a la separación familiar, puede generar efectos negativos en los niños. Chacón añade que aún no saben a ciencia cierta cuáles serán las implicaciones en cuanto a responsabilidades financieras que podría enfrentar una persona deportada.

“Considerando la concentración de poseedores de TPS, eliminar el TPS puede conllevar repercusiones económicas negativas para comunidades enteras”, destacaba el artículo del CMS.

1 enero, 2018

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