Cuando Jonathan Tobar tenía 15 años comenzó a manejar un vehículo, pero sin haber obtenido la licencia necesaria para hacerlo. Así condujo durante tres años, hasta que cumplió su mayoría de edad y tramitó sus documentos.
Cinco años después, Tobar cuenta esa experiencia, con la cual recomienda no aventurarse a conducir al margen de la ley, porque asegura que un infractor complica más su situación al ocasionar un accidente o hacerse acreedor de multas de tránsito.
Según datos proporcionados por el Viceministerio de Transporte (VMT), vía Oficina de Información y Respuesta (OIR), entre enero del 2016 y mayo del 2018, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) impuso en El Salvador 879,034 multas en sus categorías: falta leve, por la que hay que pagar $11.43; falta grave, por la que se debe pagar $34.29, y falta muy grave, que le cuesta $57.14 al infractor. Dicha cantidad de esquelas suman un costo de $27,939,493.14.
De la cifra de infracciones aplicadas en los 29 meses estudiados, 146,976 corresponden a los casos de automovilistas que han infringido la ley al no estar autorizados para manejar como en su momento lo hizo Tobar, quien se salvó más de una vez de ser sancionado con $57.14 al cometer una falta de tránsito muy grave.
Dicha infracción encabeza el top 10 de las multas más impuestas y la que más costo económico ha generado en ese lapso al Estado por un valor de $8,398,208.64. Según la jefa del Departamento de Seguridad Vial, Margarita Rivas, este tipo de infracción es la que más aplican, porque en todo procedimiento de tránsito lo primero que revisan es que la documentación esté en regla.
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“Independientemente del objetivo de un operativo (control vehicular), lo primero que se hace es pedir la documentación. Probablemente el polarizado esté correcto, pero su licencia no”, señaló.
Aunque con frecuencia los policías sorprenden a conductores manejando sin estar autorizados, Rivas considera que el uso de motocicletas ha disparado el número de estas multas de tránsito. La razón, según ella, es que más personas han optado por adquirirlas para resolver sus problemas de tráfico y por lo económico que resulta transportarse en estas, pero no se preocupan por adquirir el documento que autorice a manejarlas.
La oficial sostiene que los salvadoreños que compran motocicletas deben tener contemplado en su presupuesto los gastos para tramitar su licencia y no excusarse diciendo que “no tienen dinero” para gestionarla.
De hecho, el número de motos registradas supera al número de personas autorizadas para conducirlas. Rivas cree necesario aclarar que tener licencia para conducir otro tipo de vehículo no acredita a nadie para manejar una motocicleta.
Hasta el 26 de septiembre, en El Salvador estaban registradas 285,315 motocicletas y habían 142,495 personas autorizadas para manejarlas, lo que equivale a que en ese entonces solo un 49.9% contaba con licencia. “He ahí porque esa falta (tránsito) es de las que más se infracciona en los controles vehiculares”, apuntó Rivas.
Pero el panorama cambia al referirse al número de vehículos aptos para circular por el país, detalló que a la misma fecha había un millón 161 mil 572 y un millón 254 mil 445 personas tenían licencia. En este caso explicó que el dato es diferente al de las motos, porque hay salvadoreños que han adquirido la documentación por trabajo sin poseer vehículo propio o en un grupo familiar donde solo hay un automotor disponible todos sus miembros la han tramitado.
“Aunque resulta muy poca la cantidad de licencias emitidas considerando que muchas veces hay un vehículo familiar”, sostiene.
No obstante, hay quienes están autorizados para conducir, pero no portan la licencia o la tienen vencida, lo que los hace acreedores de una multa de tránsito por $11.43 (falta leve). De acuerdo con los datos del VMT, entre enero del 2016 y mayo del 2018, la Policía de Tránsito ha impuesto 114,308 infracciones por no andar el documento, convirtiéndose esta en la segunda más cometida en El Salvador.
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Rivas señaló que es común que los automovilistas traten de “sorprender al policía” diciendo que han olvidado la licencia en casa, pero asegura que en el momento verifican la información con Sertracen y comprueban si nunca han tenido el documento, si se niegan a mostrarlo porque está vencido o realmente no lo portan.
Por eso, cuando Jonathan Tobar aún no tenía autorización para conducir evadía los controles vehiculares de la Policía cuando encontraba alguno, para evitar que verificaran si tenía documentos.
De haber sido descubierto sin licencia, no se habría librado de la multa, ya que la oficial de Tránsito dijo que cuando una persona nunca ha tenido el documento, la multa es impuesta a la tarjeta de circulación del vehículo y mientras no se cancele la sanción, esta no se puede renovar.
Tobar argumentó que en ese entonces era un adolescente y comenzó manejando un vehículo familiar, pero no le tramitaron la licencia juvenil, por los requisitos que exige la ley, entre estos una fianza de un poco más de 500 dólares y andar acompañado por un adulto.
Pese a estar infringiendo la ley y al riesgo de provocar algún accidente, se atrevió a conducir sin el permiso correspondiente y comenta: “Nunca me pusieron una esquela”. No obstante, relató que “la suerte” casi se le acaba, pues la única vez que los agentes de Tránsito lo pararon fue justamente cuando tramitaba la licencia.
“Sin querer me puse nervioso, porque vi unos policías que venían detrás de mí y yo casi le pego a otro carro y salí corriendo, esa vez iba a la escuela de manejo a seguir practicando el examen”, afirmó. Sin embargo, luego de mostrar los documentos de las gestiones que realizaba le fue “perdonada” la multa.
“Ahora entiendo que hacía mal porque al evitar un retén policial podía ocasionar un accidente, y es feo andar con el miedo que lo pueden parar a uno”, reflexionó.
Sin embargo, algunos automovilistas que infringen la ley no han corrido la “suerte” de Tobar y han tenido que asumir su multa de tránsito al quedar en evidencia en un retén policial.
Durante un control vehicular instalado por las autoridades sobre la Quinta Avenida Norte en San Salvador, el pasado 3 de octubre, se constató diferentes tipos de infracciones de tránsito aplicadas a los conductores, algunos conscientes de que habían infringido la ley y otros, los inconscientes, no ocultaban su molestia al ser multados.
Uno de los conductores sancionados con $57.14 se limitó a decir “no tengo licencia”. Como él otros simplemente se excusaron diciendo “no ando la licencia” o “la dejé en la casa” y se hicieron acreedores de una multa por $11.43 (falta leve).
La tercera multa de tránsito que más ha impuesto la Policía, entre enero del 2016 y mayo del 2018, es la de circular a mayor velocidad de la reglamentaria. En el lapso estudiado hubo 50,071 multas por esa causa. Esta es una falta muy grave, cuyo costo por cada una es de $57.14. Le siguen la de circular con vehículos no matriculados con 42,782, no portar la llanta de repuesto con 42,220, carecer parcialmente de luz delantera o trasera y virar en “U” donde no es permitido, las cuales son consideradas faltas leves de $11.43 cada una, así como estacionarse en zona prohibida o eje preferencial que es de $57.14, entre algunas.
Estas multas casi se replicaron en el retén policial sobre la Quinta Avenida Norte, en San Salvador, donde en casi tres horas, los agentes impusieron al menos 25 esquelas, nueve por no portar la licencia, tres por no estar autorizados para manejar, ocho por no llevar cinturón de seguridad, tres por no andar distintivos de seguridad (cono o triángulo) y dos por no portar llanta de repuesto.
De acuerdo con la base de datos analizada, marzo, julio, agosto y diciembre son los meses en los que más se han impuesto multas. Cabe señalar que estas fechas comprenden los periodos festivos de Semana Santa, vacaciones agostinas y la temporada de Navidad y fin de año, que es cuando las autoridades intensifican los controles vehiculares en las carreteras del país.
LOS QUE MÁS INFRINGEN LA LEY
La subcomisionada Rivas indicó que hay conductores que son reincidentes en cometer las faltas de tránsito, entre estas manejar sin sus documentos en regla, pero alegó que “no hay un instrumento que le permita al VMT que los persiga y los obligue a cancelar”.
Algunos infractores optan por no renovar la licencia, cuando está vencida para evitar cancelar las multas y de esa manera la deuda se va acumulando.
Destacó que los empleados del transporte público de pasajeros son los que más infringen la ley y son los que tienen la mayor cantidad de esquelas acumuladas por persona, por esa razón.
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Según el subinspector de Tránsito, Juan Castillo, del 1 de enero al 14 de octubre del 2018, este sector acumulaba 16,131 multas, cuyo monto equivale a $558,087.90.
En palabras de Rivas: “Los buseros tienen una cantidad increíble de esquelas pendientes (de cancelar), lo que ellos hacen es optar por no renovar su licencia, por eso cuando son sorprendidos que andan conduciendo con la tarjeta vencida se les decomisa, pero igual muchos de ellos continúan (circulando) y se les siguen poniendo esquelas”.
Esto fue lo que le ocurrió el 15 de octubre a Héctor Alexander Pérez Robles, de 41 años, motorista de un microbús de la Ruta 41-F, quien fue detenido durante un retén policial, tras presuntamente ser detectado conduciendo bajo los efectos de la cocaína.
En esa ocasión, las autoridades de Tránsito revelaron, además, que el chofer no había renovado su licencia desde el 2004 y había acumulado 146 esquelas por diversas multas, por las que debería cancelar $8,674.
“La información indica que desde el año 2004 se le decomisó la licencia de conducir, no renovó el documento y no ha cancelado el monto adeudado”, detalló la Policía, vía comunicado de prensa.
El empleado del transporte fue arrestado por conducción peligrosa, por lo que se hizo acreedor de una multa por $57.14 y tuvo que pasar por lo menos tres días en bartolinas.
El subinspector Castillo explicó que por ese delito la ley solo los faculta a poner esa infracción, por lo que una vez la cumpliera dejó entrever que “él va a seguir circulando”.
“Existe un esfuerzo para llevar a debate de que ya es necesario algunas reformas de ley, si esta registra vacíos, este tipo de situaciones se van a seguir dando”, señaló.
Otro caso fue el de un motorista de un microbús de la Ruta 41-A, ocurrido el 23 de octubre.
Las autoridades ordenaron a José Douglas Acosta detener la marcha de la unidad para revisarle sus documentos sobre la Avenida Independencia y la 14 Avenida Norte, en San Salvador, y descubrieron que no portaba licencia de conducir, pues no la había renovado, aunque se desconoce desde cuándo.
Según la Policía de Tránsito, consultó con Sertracen y confirmó que el chofer posee 517 esquelas que equivalen a un monto de $30,517.82.
Según las autoridades, los propietarios de las unidades deben evitar contratar a personas que no cuentan con la documentación pertinente y que adeudan multas de tránsito, infringiendo la ley.
Al llamado de atención se sumó el diputado de ARENA, David Reyes, quien afirmó que ha propuesto en la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa condicionar el subsidio a los transportistas si no toman cartas en el asunto.
“¡Totalmente inaceptable! Este conductor debe más de $30,000 en esquelas y sigue conduciendo un microbús del transporte público. ¿Porque los señores transportistas no ejercen control más estricto sobre sus motoristas? Por eso debemos condicionar el subsidio”, se quejó a través de su cuenta en Twitter.
. Fíjese Oscar que ya la presenté incluso ya la expuse en la comisión de hacienda esta semana. Te comparto un extracto de la propuesta de reforma a la ley del subsidio pic.twitter.com/uhvKwypu8k
— David Reyes (@_davidreyes) 24 de octubre de 2018
Aunque aclaró que no es su caso, el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, consideró que algunos propietarios de las unidades de transporte optan por contratar a ese tipo de motoristas, debido a que el acecho delincuencial ha generado falta de personal dispuesto a trabajar en el sector.
“Yo creo que algunos empresarios, quizá, por la escasez de mano de obra, tienen que recurrir a este mecanismo, lamentablemente. Es más por una necesidad y no por querer violentar la ley, porque la mayor parte tienen compromisos con la banca que deben saldar”, comentó Ramírez.
Aseguró que en su caso no contrata a motoristas que no tienen sus documentos en regla, pues trata de evitar que una infracción le pueda generar la suspensión de la compensación de forma temporal, como ya le ha ocurrido con una de sus unidades multada por andar con las puertas abiertas: “Dígame, ¿cuál es el negocio del dueño por una infracción que cometió un motorista?”.
El empresario considera que las autoridades no aplican la ley por igual, pues sostiene que se ensañan con los transportistas y no con el caso de los motociclistas que en su mayoría no cuentan con licencia de conducir y que, según él, son los que más accidentes causan.
LOS INCONFORMES PUEDEN APELAR
Los conductores multados que no están de acuerdo con la sanción impuesta tienen la oportunidad de apelar ante el VMT, explicó la subcomisionada Margarita Rivas. Ellos cuentan con cinco días hábiles para presentar su inconformidad en las oficinas del viceministerio, “de lo contrario se quedan con la esquela”.
Ese trámite no garantiza que se va a eliminar la infracción, “pues se revisa el proceso del porqué se la impusieron”.
Ante la reincidencia de algunos automovilistas de infringir la ley, las autoridades han reiterado la necesidad de reformar la normativa que les permita endurecer las sanciones, entre las propuestas está el incrementar el costo por falta de tránsito, para, según ellas, sensibilizar a los conductores de abstenerse a incumplirla. El tema desde que se planteó en febrero pasado generó debate entre la ciudadanía.