“La adolescencia realmente se vuelve un peligro para las niñas salvadoreñas”, con esta frase la subdirectora de defensa de derechos individuales del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), Vanesa Martínez, describe la realidad actual con relación a la alta incidencia de casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes.
Su comentario puede sonar a advertencia, pero resume perfectamente la realidad. Los datos del Ministerio de Salud respaldan el comentario de Martínez. Entre enero de 2016 y mayo de 2018, Salud ha brindado 4,554 atenciones relacionadas a abuso sexual. En este período, hubo 4,210 atenciones relacionadas a abuso sexual a pacientes mujeres y 344 a pacientes hombres.
De todas estas atenciones, 3,523 correspondían a pacientes de 0 a 17 años. El 25 % de estos casos eran pacientes de 14 años. Han sido 1,146 niñas y cinco niños de 14 años. Las niñas son más vulnerable a esta edad y los niños a los cinco años.
El abuso implica un quiebre que puede llegar a afectar de una forma desmesurada y permanente, sobre todo si no recibe la atención, tanto médica como de salud mental que urge. Desde su experiencia, la regla ha sido que la familia no suele darle apoyo a la víctima. En los casos que la niña o la joven se arma de valor para contarle a alguien como su madre, lo más usual es que esta decida mejor esconder la situación.
“Puede darle apoyo, pero no la manda al médico, mucho menos se le va a ocurrir llevarla donde un psicólogo para que te dé una intervención. Muchos médicos también se centran solo en la parte clínica”, añade Miranda.
Plan Internacional presentó este año un informe realizado con niños y adolescentes sobre la violencia sexual. Las niñas que participaron en el estudio señalaron la necesidad de instalar programas de atención psicológica permanentes, que no fueran solo temporales. También expresaron que no se sentían totalmente seguras. “Decían que en los centros escolares había vulneradores de derechos, que eran sus mismos docentes”, dice José Marcelo Acevedo, coordinador nacional de proyecto de Plan Internacional.
Acevedo advierte que el problema de la violencia sexual se ha naturalizado en El Salvador, como un hecho que se ve casi como normal y que todas las niñas deben de vivir.
“Y no nos alarmamos, estamos perdiendo ese sentido de alarma por un problema tan grave, ha llegado a permear tanto en la cultura, en las tradiciones, en las formas que convivimos que lo vemos como un problema que no existe”, señala Acevedo.
De similar forma se ha normalizado el problema de los embarazos adolescentes.
Del registro de atenciones por abuso sexual, hay 336 diagnósticos relacionados al embarazo. En 166 de estos casos es el diagnóstico principal y en 170 es el diagnóstico secundario el que está relacionado al embarazo. Todos tienen un vínculo con el abuso sexual. El grupo de edad de 11 a 15 años es el que más atenciones tiene relacionadas al embarazo. Por infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo hubo 74 niñas atendidas, también por infección genital en el embarazo hubo 20 casos y 12 por complicación relacionada con el embarazo, no especificada. Todas ellas tenían entre 11 a 15 años. Todas tenían el diagnóstico secundario de abuso sexual.
Crespín expone que como son embarazos producto de un abuso sexual a veces llegan a pasar consulta hasta el momento del parto o en fases avanzadas del embarazo, por lo que no suelen aparecen en la inscripción temprana de los controles de materninad.
Si es una adolescente que ha quedado embarazada se le da terapia a ella y su familia, es desde que viene y se da el seguimiento hasta después de que nació.
“Hasta en eso se ve el grado de violencia. Deben tener su embarazo bajo condiciones de alto riesgo y sin que les faciliten que el personal de salud esté cerca”, comenta Crespín.
Laura Morán, jurídico de la Casa Elda Ramos de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, sostiene que aunque ha habido un avance en el tema de la atención primaria hacia las víctimas de salud sexual, aún falta avanzar mucho, sobre todo en los casos de las adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas y luego sufren una complicación obstétrica. “Son maltratadas, hay una discriminación espantosa por tener una complicación obstétrica. Hay un prejuicio de que ha habido una interrupción del embarazo adrede sin saber más del caso. Lo conocemos de primera mano”, asegura.
Crespín considera que esto puede referirse solo a casos particulares. Señala que las complicaciones obstétricas pueden ser muchas y que se está impulsando la estrategia de parto humanizado, para prevenir cualquier forma de violencia en el trato y la revictimización de las pacientes.
Además asegura que desde el Ministerio de Salud existe el lineamiento para que toda adolescente embarazada reciba acompañamiento psicológico, aunque aún depende del médico tratante que recibe el caso si le da la referencia.
Marquínez dijo que desde la unidad de Usulután dan un acompañamiento a las jóvenes para asesorarlas y apoyarlas en el proceso de aceptación o que estén conscientes de la situación que están viviendo.
Morán añade que también hace falta mucho en el tema de la prevención, porque los agresores siguen estando dentro de las casas. Pero también destaca el gran problema que existe a nivel judicial para lograr llevar a la justicia estos casos.
“Entran los casos y las investigaciones se vuelven lentas, los procesos se vuelven burocráticos y revictimizantes. Todavía no hay unificación de procesos, la víctima debe contar a la policía, a la fiscalía, al investigador, al juez, a la mamá, al psicólogo”, expone Morán. La abogada comparte su indignación ante un caso ocurrido el año pasado en la que un juez en su resolución se refirió a la violación ocurrida como “un delito de alcoba”.
Acevedo respalda lo que dice Morán. Señala que en el estudio de plan descubrieron que la víctima debe enfrentar procesos largos que tienen a cansarla. Además, asegura que la cantidad de casos que pasan de una denuncia a los procesos de investigación hasta una condena no son los esperados. Acevedo dice que hay que poner atención porque entre menos casos lleguen a tener una condena, se seguirá en un Estado que permita este tipo de vulneraciones.
“Vamos a tener agresores sexuales que no reciben castigo por el delito que cometieron”. Un sistema que al no condenar, no tener castigo a los agresores exhales se vuelve un estado que permite.
Que mantiene impune estos delitos, que los agresores puedan tener vía libre porque no hay castigo”, advierte.
Ya de por sí el hecho de que exista una denuncia es un paso que se dio con muchas dificultades.
Miranda lamenta que, por alguna razón, se ha enquistado en las familias salvadoreñas el mejor quedarse calladas para “evitar problemas”, que es necesario que no se exponga al tío, al primo, al abuelo. “Piensan en el agresor, no en la niña”, señala Miranda.
Crespín señala que es una realidad de la que debe hablarse. “Si cerramos los ojos, no significa que dejará de suceder” y agrega que es necesario brindar más educación y promover la protección, bienestar y salud de las niñas y niños.
Martínez destaca que se debe conocer que en estos casos no se trata de una situación que va a parar después de una vez. “Ocurre con una niña y si hay otra niña en la familia, al alcance del agresor, lo más seguro es que ella será la siguiente víctima”.
El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Christian Salazar, concuerda en la necesidad de reforzar la investigación de los crímenes sexuales, de evitar revictimizar a las niñas durante estos procesos, por lo que es necesario reforzar todo el sistema de justicia, desde jueces a fiscales. “En este tema no hay una solución mágica. Tenemos que desarrollar más protocolos de atención médica y psicológica. Pero también que les crean es la respuesta principal, que haya más reconocimiento de las comunidades que este problema existe y hay que protegerlas”, sostiene.