El peligro de que su hijo menor se uniera a una pandilla impulsó a Antonio y a Carmen a emigrar sin papeles. En el pueblo de Sonsonate donde vivían tenían una tienda bien surtida. El negocio sirvió como garantía para pedir un préstamo bancario.El coyote que los llevaría hacia Estados Unidos les cobraría 10 mil dólares por cabeza: 10 mil por Antonio, 10 por Carmen, 10 mil por Juan y 10 mil por Santiago.
Juan, el menor de sus hijos, era quien estaba en la mira de una pandilla y quien recibía mensajes para que se les uniera. De no hacerlo, le ofrecían asesinarlo.
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Santiago, el mayor, ya estaba inscrito en una universidad de San Salvador y decidió quedarse para terminar los estudios. “¡No puedo dejar a uno de mis hijos!”, decía Carmen, como freno para el viaje.
Santiago dice que él la convenció prometiéndole que se iría a Estados Unidos después de graduarse como licenciado.
Antonio, Carmen y Juan se fueron con el coyote un miércoles de 2014. Ellos prometieron llamar por teléfono a Santiago cuando llegaran a su destino. Pero pasó un mes sin que el teléfono sonara.
La familia había sido capturada por la Patrulla Fronteriza. Antonio fue uno de los 23,685 salvadoreños deportados en 2014, según el Anuario de estadísticas de inmigración del Departamento de Seguridad de Estados Unidos.
Carmen y Juan pidieron asilo y les fijaron fecha para presentarse ante un juez de migración. Pero el abogado asignado por una ONG para representarlos les hizo una advertencia: como no habían denunciado las amenazas recibidas en El Salvador; no les darían asilo, sino que los iban a deportar de inmediato. Por eso les sugirió no presentarse ante el juez, aunque esto también motivaría al juez a emitir una orden de deportación contra madre e hijo.